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Una minuta por el recorte nulo

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Quieren pasar una factura por unos honorarios que consideran justos. El Colegio de Abogados tinerfeño ultima una reclamación para ejecutar la sentencia avalada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Supremo (TS), que admitió un recurso a tal fin presentado por el Colegio de Abogados tinerfeño, el único de los existentes en las Islas que tuvo a bien dar la batalla en los tribunales contra los recortes decretados por el Gobierno regional en relación con el salario de los letrados adscritos al servicio de asistencia jurídica gratuita.

Dicha ejecución de sentencia considera que, al declararse nula de pleno derecho la Orden gubernamental que decidió esa bajada de salario, las cantidades que se han dejado de percibir deben ser abonadas por el Ejecutivo regional, tal y como confirmaron ayer fuentes del propio Colegio de Abogados.

Aunque tales fuentes declinaron cuantificar dicha reclamación, especialistas consultados por este periódico estiman en cerca de 1.500.000 euros el montante de tan singular minuta para los letrados canarios. Sobre los posibles beneficiarios de la misma, el Colegio recuerda que aquellos recortes afectaron, aproximadamente, a medio millar de letrados.

Esta reclamación de cantidad en forma de ejecución de sentencia no será pacífica. El viceconsejero autonómico de Justicia, Pedro Herrera, declaró en su día a DIARIO DE AVISOS que acatan la decisión de los tribunales, pero que los Servicios Jurídicos de la Comunidad entendían que sólo debían restaurar la situación anterior a partir de conocerse la decisión judicial. Cuestionado al respecto, el decano tinerfeño, Víctor Medina, explicó que a juicio del Colegio “sí procede abonar dichas cantidades; en el mundo del Derecho la Orden en cuestión no existe y en este caso eso tiene una trascendencia económica”. En este sentido, Medina lo tiene claro: “Defendimos los intereses de nuestros colegiados [el Colegio tinerfeño fue el único de Canarias que recurrió la decisión gubernamental] y lo vamos a seguir haciendo”.

La decisión gubernamental revocada por la Justicia está fechada en 2011, cuando aún gobernaba en el Archipiélago un pacto conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, y básicamente ha sido declarada nula de pleno derecho porque pretendía derogar disposiciones contenidas en normas de mayor rango, un defecto procesal insalvable que el Supremo valoró.

Abogados del turno de oficio consultados en su día por este periódico celebraron con la sentencia del Supremo y recordaron que, en algunos casos, pasaron a cobrar prácticamente la mitad que antes o que se dejaron de abonar guardias por violencia de género, entre otros recortes.