La franquicia constituye hoy en día uno de los fenómenos más extendidos en las zonas comerciales de nuestras ciudades, de manera que cualquier zona comercial viene a estar ocupada mayoritariamente por ellas, que avanzan sistemáticamente devorando las enseñas del comercio tradicional local. La franquicia consiste en la concesión de un derecho de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, otorgada por una empresa y a ejercer por el franquiciado en una zona y por un tiempo determinado. Bajo la franquicia se vende una marca comercial de reconocido prestigio que ofrece al consumidor la garantía de un producto contrastado, que ya tiene un hueco consolidado en el mercado.

En las elecciones de estos días hemos contemplado el buen resultado de los partidos franquicia, que han permitido a partidos de reciente creación, sin soporte territorial y siquiera rostro personal, vender la franquicia en tiempo récord. Asombra contrastar que el crecimiento de las mismas, ha funcionado de facto como si fueran verdaderas enseñas comerciales, al menos en las fases que hoy nos encontramos de abrir la tienda y empezar a vender el producto. En esta fase hemos podido ver también cómo el franquiciador, durante esta fase de apertura del local, ha examinado al franquiciado para garantizar la buena marcha de la marca, rechazando a quienes no cumplían condiciones. La reflexión que aquí hacemos consiste en valorar si el mecanismo de la franquicia es capaz de mejorar la operativa de los partidos políticos acogidos a ella. En las franquicias comerciales, el de abajo carece de capacidad para condicionar al gestor de la marca, lo cual es lógico en un contrato dirigido a la venta de mercancías y productos, pero diferente en los partidos donde las reglas de la democracia obligan a proyectos compartidos. Análoga relación vertical se produce también en las franquicias, cuando el franquiciado pretende forzar la capacidad de innovar con la marca cedida. En suma, no son homologables las relaciones comerciales con las políticas, por lo que posiblemente funcionen éstas bien como mecanismo para repartir el poder, pero difícilmente como instrumento democrático. Bien es cierto que análoga crítica podríamos hacerla también extensiva a los actuales partidos no franquiciados, que han venido consolidando su marca mediante apertura con tienda propia. No podemos tampoco decir en este caso que funcionen democráticamente al interno, donde la dirección central controla el reparto del poder y existen escasas posibilidades de democracia interna efectiva. Problema que como ya hemos señalado en esta columna, obedece al erróneo diseño institucional de los partidos en España. En el caso de los partidos franquiciados, este problema se incrementa al generar estructuras más ingobernables, como ya estamos viendo, desde el punto de vista democrático, que no comercial.

Acabo con un ejemplo de libro. La Asamblea Socialista Gomera ha roto, contra todo pronóstico, el esquema del partido franquicia. Rompió el contrato con su franquicia y creó en tiempo récord una nueva marca comercial propia, con gran éxito de ventas. Ningún partido debiera por ello pretender darle en Canarias lecciones políticas, cuando al interno está funcionando seguramente con mayor democracia participativa que ellos, tanto hacia arriba como en sentido inverso. Actuar localmente y pensar globalmente, ese es al reto que le falta a nuestros partidos, con franquicia o sin ella.

*ARQUITECTO Y URBANISTA