La patronal alerta de la pérdida de competitividad de las empresas

El presidente del Gobierno, junto al presidente de los empresarios de Tenerife, José Carlos Francisco. | DA
El presidente del Gobierno, junto al presidente de los empresarios de Tenerife, José Carlos Francisco. | DA

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

El secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso, criticó duramente la decisión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de “endurecer” el acceso a las ayudas empresariales. Es más, a juicio de Alfonso, el Gobierno ha desoído las peticiones de las Islas y ha optado por “no atender las singularidades canarias” en la nueva regulación para la concesión de ayudas a la inversión empresarial en el Archipiélago a través de los incentivos regionales. Algo que, por el contrario, “si hace Europa”.

Este mecanismo, cuyo fin es subvencionar proyectos para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales, endurece los requisitos para implantar o ampliar inversiones en el Archipiélago. “El Estado ha demostrado que tiene falta de sensibilidad con las Islas. No se explica que se hayan desoído nuestras reclamaciones. Al final, lo que Europa nos da, no nos lo da el Estado”.

Para el secretario general de la patronal hubiera sido una “buena oportunidad” que “el Gobierno central hubiera tenido en cuenta nuestras singularidades, sobre todo teniendo en cuenta que somos una de las regiones con la mayor tasa de paro y no podemos competir en igualdad de condiciones con el resto de empresas de la Península”. Alfonso indicó que esta decisión “nos coloca en clara desventaja y nos perjudica porque a una empresa que quiera venir a Canarias se le hace muy poco rentable desarrollar su proyecto en las Islas sin estos incentivos”. Además, apuntó que este tipo de ayudas son buenas para competir en otros sectores más allá del turístico. Aún así, Alfonso aseguró que las empresas seguirán trabajando para que se “valoren” las inversiones en las Islas.

Además, en la modificación de las condiciones para que las empresas isleñas se beneficien de las ayudas, el Ministerio de Hacienda no ha tenido en cuenta las peticiones realizadas por el Gobierno de Canarias en cumplimiento de la ley del REF que exige al Estado la máxima flexibilidad en el funcionamiento de los incentivos regionales. Por el contrario, el real decreto no considera los mayores inconvenientes y sobrecostes que inciden en las Islas para desarrollar inversiones como la lejanía de los mercados, la pequeña escala productiva, el fraccionamiento del territorio o los elevados costes de movilidad, de importación y almacenamiento de materias primas.

Mientras el Gobierno de Canarias solicitó que la inversión mínima requerida descendiera en el Archipiélago desde los 600.000 euros hasta los 100.000, el real decreto eleva ahora a los 900.000 euros esta exigencia.