JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
La Universidad de La Laguna (ULL) se ha tomado muy en serio el atajar de forma rápida cualquier situación relacionada con el acoso sexual y sexista en el seno de la institución. Así, el pasado 22 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobaba un protocolo para la detección, prevención y actuación en los supuestos casos de este tipo. Dicho protocolo incluía la creación de una bolsa de 10 peritos externos que colaborarán y asesorarán a la entidad en la materia, según consta en las bases de la convocatoria publicada esta misma semana por la ULL.
Estos peritos deberán contar con formación acreditada en materia de género, avalada por el Consejo Asesor de la Unidad de Igualdad de Género de la universidad, según una serie de criterios públicos establecidos. Entre sus principales atribuciones, los profesionales que colaboren con la institución serán los encargados de emitir los informes que se emplearán en los procesos abiertos, cuyas conclusiones deberán ser remitidas al rector en un plazo no superior a 20 días desde la resolución.
La bolsa de peritos, que se actualizará periódicamente para recabar personal dispuesto a realizar este tipo de actuaciones, se renovará a los dos años de su puesta en marcha, según determina la citada convocatoria. Esta deja claro que cualquier interesado debe acreditar una experiencia concreta y demostrada en peritación de casos de acoso sexual, acoso sexista y acoso psicológico. También deberá contar con experiencia laboral certificada en atención a víctimas en violencia de género y en recursos y programas de atención y prevención de este tipo de violencia.
El Protocolo para la Detección, Prevención y Actuación en los supuestos de Acoso Sexual fue elaborado por la Unidad de Igualdad de Género, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Unidad de Mediación y el Servicio de Inspección, y cuenta además con el aval de los servicios jurídicos de la entidad y del Consejo de Coordinación de la Convivencia de la universidad.
La idea es que se aplique en el ámbito de la prevención, fundamentalmente a través de tres tipos de actuaciones: las acciones de formación; de difusión, información y códigos de buenas prácticas; y las evaluaciones de riesgos psicosociales y ambientales, con la consecuente aplicación de medidas preventivas o correctoras. Pero que también sirva para la solución rápida de las quejas y denuncias, “que serán tramitadas, y en su caso resueltas, dentro de la responsabilidad de actuación de la ULL como institución pública”, explicaron ayer al DIARIO fuentes de la universidad.
El ámbito de aplicación del mismo, según el texto aprobado por el Consejo de Gobierno, incluye a mujeres y hombres del Personal de Administración y Servicios (PAS), Personal Docente e Investigador (PDI), y alumnado, así como a cualquier persona que, aunque esté bajo la dependencia jurídica de terceros, preste sus servicios en el ámbito de la institución (siempre que el denunciado sea miembro de la comunidad universitaria).