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Programas y asesores – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

Denunciábamos la pasada semana el hecho escandaloso de que casi 5.000 municipios españoles, más de la mitad del número total de municipios, no llegan a los mil habitantes, lo que significa que la Administración Local española constituye un auténtico monumento a la ineficiencia y al despilfarro. Decíamos también que la financiación ilegal de los partidos y el enriquecimiento personal delictivo de los políticos utiliza, entre otros instrumentos, a los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales, lo que explica que el Partido Popular se haya unido al PSOE en repetidas ocasiones para declarar que no ve necesario reducir el número de municipios ni suprimir esas inútiles Diputaciones. Y explica asimismo que las formaciones políticas emergentes, que se autocalifican de rupturistas y renovadoras del sistema, no hayan incluido este compromiso en lugar preferente de sus programas electorales. En definitiva, no encontramos ningún programa electoral en el que una candidatura se comprometa a promover la fusión de su municipio con otros para alcanzar un tamaño poblacional razonable y racional; en el que una candidatura se atreva a plantear esta propuesta a sus potenciales electores. Y no lo encontramos porque nos tememos que no existe tal programa. ¡Cómo van a reducir sus beneficiarios tan productiva fuente de financiación ilegal y corrupción política! El tamaño poblacional de más de la mitad de los municipios españoles y la pervivencia de las inútiles Diputaciones Provinciales no son la única causa de que la Administración Local española constituya un auténtico monumento a la ineficiencia y al despilfarro, y, de paso, a la corrupción. Un capítulo importante lo integran los denominados cargos de confianza, nombrados y contratados libremente sin ningún control entre familiares y amigos políticos, y, en particular, los asesores. ¿Cuántos de estos cargos de confianza, la inmensa mayoría rigurosamente innecesarios, pagamos los españoles con nuestros impuestos? Porque, a diferencia del problema de los municipios despoblados, esta corruptela de los cargos de confianza nombrados por libre designación no se limita a la Administración Local, y corrompe todos los niveles de Gobierno y Administración, desde el presidente del Ejecutivo y los ministros hasta las Comunidades Autónomas y las Administraciones provinciales, insulares y locales. De modo que, cuando elegimos un cargo público de cualquier nivel, debemos tener presente que estamos eligiendo a los cargos de confianza y asesores inútiles e innecesarios que ese cargo va a nombrar y contratar, y que van a cobrar no del sueldo de ese cargo, sino de los presupuestos públicos, es decir, de nuestro dinero.

Pero, volvamos a la pregunta anterior: ¿cuántos de estos cargos de confianza nombrados por libre designación, la inmensa mayoría rigurosamente innecesarios, pagamos los españoles con nuestros impuestos? Si nos limitamos a los asesores, el sindicato CSI-F calcula que en nuestro país hay en torno a unos 20.000, que nos cuestan en total unos 850 millones de euros anuales, lo que supone un bonito sueldo medio de unos 42.500 euros anuales por asesor. A más de un desahuciado le hubieran venido muy bien para no perder su casa, si se nos permite esta licencia demagógica. Aunque son cifras estimativas, porque en este tema, como en la mayoría de los temas en los que intervienen nuestros políticos, la falta de transparencia y el apagón informativo es casi total. El Gobierno central es el nivel que proporciona una mayor información, y el año pasado reconocía que entre el presidente y el total de los ministros contaban con unos 584 cargos de confianza y asesores. Estas cifras se repiten e, incluso, se incrementan proporcionalmente a medida que descendemos hacia los Parlamentos autonómicos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Por ejemplo, el año pasado en la Junta General o Parlamento de Asturias había más asesores que diputados: 47 para 45. En cuanto a los Ayuntamientos, una de las mayores fuentes de corrupción política en España, solo en el Ayuntamiento de Madrid se contabilizaban 213 de estos cargos de confianza o eventuales, mientras que en una ciudad como París su Ayuntamiento tenía 36 de un tope máximo de 40 asesores permitidos.

La cuestión principal -y descalificadora- es que estos llamados cargos de confianza son nombrados y contratados libremente sin ningún control entre familiares y amigos políticos. Y precisamente por esa razón la inmensa mayoría de ellos son rigurosamente innecesarios y, en consecuencia, su trabajo es inexistente. Una alternativa al nombramiento consiste en pagar al beneficiario por bajar de Internet unos cuantos folios de generalidades y lugares comunes. Algunas de estas personas pueden tener una cualificación específica, pero el problema consiste en que, junto a ellos, coexiste una mayoría sin la menor preparación, porque para nombrarlos no hace falta demostrar nada ni cumplir requisito alguno: se trata de un simple enchufe que asegura al nombrado una remuneración.
Si algún amable -y curioso- lector encuentra algún programa electoral de una candidatura que se comprometa a no nombrar asesores nunca, bajo ninguna circunstancia, le rogamos que nos lo haga llegar. Y que nos envíe las papeletas correspondientes.