El pasado 22 de mayo se publico en Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales, esas viviendas urbanas cuyos propietarios alquilan o pretenden alquilar a turistas. Personalmente, considero que había que regularlas, y en general la normativa aprobada resuelve parte de los problemas que se plantean y plantearán en el futuro con esta modalidad. El turismo es y será el motor económico de las Islas, y su peso en la economía puede incrementarse en el futuro, generando más riqueza y empleo. Pero para ello hay que continuar con la estrategia de renovación, formación cualificada y mejora del servicio, renovación del espacio turístico y con un gran plan de infraestructuras por redactar que contemple la señalización turística, ajardinamiento e iluminación de carreteras, mejora y construcción de nuevas playas, paseos marítimos, y modificación de los planes insulares para facilitar la construcción de parques temáticos, marinas y campos de golf.
La búsqueda de la excelencia en todos los aspectos nos permitirá atraer más turistas, y lo que es más importante, de mayor poder adquisitivo, que los hay en Europa, y que ahora pasan sus vacaciones en Florida, Dubai, la Costa Azul, Tailandia y Marbella. En mi opinión, la regulación era necesaria y el Decreto resuelve parte de los problemas planteados, pero su redacción ha sido muy precipitada. Estimo que hubiera habido que empezar haciendo un inventario de su potencial, de la diversidad de unidades actualmente en explotación y sus características: vivienda unifamiliar aislada, chalet adosado, piso en un bloque de vecinos, etc. Porque sus particularidades, y las problemáticas que pueden plantear son muy diferentes. En este sentido, cuando se iniciaron los debates, los grupos favorables a la legalización afirmaban que afectaban a 5.000 viviendas. Unos meses después, a 15.000, y en el último al que asistí, 50.000, y un número de pernoctaciones en Tenerife de 15 millones, casi la mitad de las de la planta hotelera, lo que de acuerdo a las estadísticas de Turismo de Tenerife no es posible. Además, se asimila a la modalidad extrahotelera y se las sujeta al cumplimiento de las normas sectoriales que les sean de aplicación. No se va en la línea de la búsqueda de excelencia que debe ser nuestra guía, pues no impone características de calidad alguna a las zonas comunes de los edificios de vecinos donde vayan a desarrollarse, por desconocimiento de la realidad, al no haberse realizado inventario ni estudio alguno de las que están en explotación. Introducir en el mercado algunas viviendas en edificios de baja calidad deteriorará la imagen de Canarias y va contra la política de renovación y mejora. Al desconocerse lo que se legisla, se las trata en el Decreto como un producto único, lo que, y ojalá me equivoque, va a generar muchísimo trabajo en las inspecciones de Turismo y Trabajo, y gran conflictividad en los juzgados. Atisbo asimismo importantes problemas con el cumplimiento del Convenio de Hostelería, las normativas de piscinas, control de legionela, incendios, etc.
Por ejemplo, en un gran edificio en el que se exploten turísticamente gran parte de las viviendas y el resto sean residenciales, lo que es perfectamente factible, quién es el responsable de un accidente de un turista en las zonas comunes, qué seguro lo cubre, quién es el responsable del cumplimiento de la normativa de piscinas, sanitarias, etc., los que explotan las viviendas alquiladas a turistas, cuál de ellos si la explotación es múltiple, o el presidente de la comunidad, ajeno a esta actividad económica.
*EXPRESIDENTE DE ASHOTEL