Si Susana Díaz creyó que disolviendo anticipadamente el Parlamento andaluz y convocando elecciones iba a alcanzar la estabilidad que estimaba necesaria y que no tenía después de tres años gobernando con IU en un pacto de legislatura urdido la misma noche de las elecciones de 2010, hurtándole el poder a la lista más votada del PP sin mover un músculo, los resultados obtenidos en 2014 para conseguir los mismos escaños que tenía y dar entrada a dos formaciones nuevas, Podemos y Ciudadanos, propiciando el derrumbe de sus antiguos socios y la caída de los populares, la habrán convencido de su error y de la necesidad de cambiar el sistema vigente.
Ahora, mientras escribo, sigue sin tener garantizada su investidura, que seguirá negociando con una habilidad que no puede negarse, pero llena de trampas y sofismas para tratar de contentar a unos y a otros con ánimo de no irse a casa y convocar unas nuevas elecciones. Y de lo visto y oído hasta ahora me quedo con dos de sus afirmaciones en el Parlamento: una, que si no hay gobierno no hay oposición -con lo que quiere darle la vuelta a la cruda realidad para hacer ver que no es a ella sino a sus oponentes a los que hay que achacar la falta de Gobierno en Andalucía-; y otra, que hay que cambiar la ley electoral para que sea el pueblo soberano el que decida en una segunda vuelta, cuando no haya mayoría absoluta, qué partido gobierne. Lo mismo, esto último, que acaba de decir, también, Mariano Rajoy en La Moncloa viéndole las orejas al lobo que amenaza con morder al bipartidismo que, en los últimos años, han venido compartiendo PSOE y PP.
De esta última coincidencia, que de seguir adelante abocaría a un cambio de la ley electoral -si bien entiendo, sin necesidad de cambiar la Constitución-, que aparte de favorecer la gobernabilidad, evitando interregnos y chalaneos, otorgaría credibilidad a los políticos -que hoy por hoy no la tienen-, devolviendo al pueblo lo que no puede dejar de ser el pueblo. Y, además, de este convencimiento, me produce satisfacción constatar lo que dije en mi comentario en estas mismas páginas del viernes 10 de abril sobre una ley electoral que sirvió en su momento para acabar con una sopa de letras pero que, perdiendo eficacia, estaba propiciando otra nueva: “Y aunque también parece deseable una reforma de esta última -de la ley electoral-, a nadie se oye hablar de una segunda vuelta como la que en la racionalista y experimentada Francia parece dar más credibilidad al sistema democrático y facilitar la gobernabilidad”. Como era de prever, Ciudadanos y Podemos se oponen. A la promesa de Susana Díaz en el Parlamento andaluz y al deseo de Mariano Rajoy en La Moncloa, habrá que añadir el análisis de los resultados de las elecciones generales en el Reino Unido, en las que también el bipartidismo que hasta ahora ha favorecido la gobernabilidad puede quedar cuestionado, aunque todo haga pensar que el pragmatismo y la experiencia de los 45 millones de británicos llamados a votar pongan las cosas en su sitio, sin descartar que apunten a algo distinto.