Hace muy pocas semanas, los medios de comunicación se hacían eco de una nueva expresión surgida para referirse a la evolución de la magnitud macroeconómica que identifica en valores monetarios la producción de bienes y servicios de una región determinada, a saber, el Producto Interior Bruto (PIB). Así, cuando su variación es alza, es porque sube, sube, sube. Por el contrario, cuando el movimiento es descendente, resulta que baja, baja, baja. En definitiva, una nueva constatación del viejo aforismo según el cual “todo lo que sube, baja”. Sin embargo, en estos últimos días, ha tenido lugar un acontecimiento por virtud del cual no puede tenerse lo anterior como verdad absoluta exenta de excepciones.

En el campo de los impuestos, lamentablemente, no parece operar la misma teoría. No, al menos, a tenor de los acontecimientos a los que nos tienen acostumbrados quienes deciden sobre los mismos desde, incluso, el principio de esta etapa democrática.

Como muestra de ello, puede apuntarse lo acaecido, por ejemplo, con el Impuesto sobre el Patrimonio.

En su origen, se configura como (…) un impuesto excepcional y transitorio sobre el patrimonio neto de las personas físicas (…), tal y como se hace constar en el artículo primero de la Ley 50/1977, de 14 de Noviembre.

Esta transitoriedad y excepcionalidad duró, “tan sólo”, catorce años, justo lo que tardó en ser gestada y aprobada la Ley 19/1991, de 6 de junio, con la que, lejos de eliminarlo, viene a darle carácter de permanencia.

La excepcionalidad y la transitoriedad quedó, por tanto, en el olvido.

Otros ejemplos en el mismo sentido, encontramos en fechas ya más próximas a nuestra actualidad. El Gobierno de Mariano Rajoy planteaba en su programa electoral reducciones de la carga impositiva que padecíamos los ciudadanos en una clara respuesta a la imperante necesidad de dinamización económica que reclamaba (y reclama) nuestro país.

En ese entonces, el IRPF, por citar un caso, tenía un tipo marginal máximo del 45%, que, a tenor de los hechos, no era suficiente para reducir el déficit público, motivo por el que pasó a situarse en el 53%. Nos encontrábamos, de nuevo, con otra promesa incumplida, inevitable por el elevado desfase entre ingresos y gastos públicos del momento, si bien se nos comunicaba el firme compromiso político de atender al programa electoral de reducir impuestos, lo que tuvo lugar con las reformas fiscales aprobadas a finales de 2014 y vigentes a partir de este año 2015. Sin embargo, con esta reducción, ni tan siquiera se vuelve al nivel del año 2011, por cuanto el IRPF actual se sitúa en su nivel máximo en el 47,5%, dejando de lado, por tanto, una verdadera reducción impositiva.

En los mismos términos cabe referirse al ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, en lo que a una constante subida de la presión fiscal se refiere. Para ello, valoremos lo sucedido con su figura impositiva propia por excelencia, es decir, con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), sin perjuicio de otras que evolucionan en los mismos términos y que han sido creadas para ampliar el abanico de los tributos aplicables en el archipiélago. Como sabemos, el IGIC nace por virtud de la Ley 20/1991, de 7 de junio, con un tipo de gravamen del 4%, pero que sólo es aplicable hasta el año 1996.

A partir de esta fecha, se eleva al 4,5%, con el argumento político de la necesidad de sufragar el gasto sanitario en el que se incurría por la atención médica a los fumadores. No me ha sido posible confirmar el dato con la bibliografía disponible. Pero me atrevo a afirmarlo pues lo recuerdo perfectamente dado lo llamativo que me resultó, en aquel entonces, el motivo apuntado.

Sólo cuatro años más tarde, se incrementa hasta el 5%, esta vez, ante la imperiosa urgencia de compensar la pérdida de recaudación de los cabildos insulares ante la eliminación del APIM.

Este 5% se mantiene hasta el pasado 1 de julio de 2012, en el que se eleva al 7%, en un ejercicio que, como ya he tenido ocasión de afirmar, supuso una subida impositiva pocas veces vista, al implicar un 40% de incremento respecto del gravamen anterior, aunque fue superada por la que experimentó el IGIC de los servicios de telecomunicaciones, que pasó del 0% al 7% también en este año 2012.

En esta ocasión, la justificación dada por nuestros gobernantes para motivar tremenda subida impositiva, fue la del mantenimiento de los servicios públicos, que peligraban por la drástica caída de la recaudación experimentada por la crisis económica del momento.

Llegados a este punto, he de decir que no calaron mis sugerencias de optar por la reducción o eliminación de gastos poco o nada necesarios, en lugar de utilizar el camino del aumento de los ingresos. Aunque en honor a la verdad, me pasa muy a menudo, pues se trata de un debate económico permanente.

Sin embargo, lo que sí creo que no da lugar a ningún debate, es el hecho de entender que si este aumento del IGIC tuvo lugar por la razón expuesta, tan pronto desapareciera y se volviera al nivel de ingresos que se tenía con anterioridad a la subida, se deba proceder a su inmediata reducción.

Siendo así, ese momento ha llegado, pues esta semana hemos sido conocedores del aumento en la recaudación precisamente por el IGIC, que creció cerca de un 12% respecto al año 2013, superando, incluso, las previsiones del Gobierno. Fueron 1.237 los millones de euros ingresados, frente a los 1.106 millones del año anterior, lo cual es fruto del cambio de ciclo que se está constatando.

Dicho en otros términos, si la caída de la actividad económica justificó (que no) un aumento del IGIC, el aumento de la actividad económica justifica (que sí) una disminución del mismo.

Pero muy a mi pesar y al de todos los contribuyentes, me da que ni está, ni se le espera. Las elecciones autonómicas se celebrarán en menos de un mes, y hasta la fecha no se percibe de ninguno de los partidos políticos una firme convicción de proceder en estos términos.

De resultar definitivamente así, difícilmente se logrará recuperar la imprescindible confianza que debemos depositar en nuestros gobernantes, altamente deteriorada, dicho sea de paso, por los múltiples acontecimientos que en torno a ellos se están dando a conocer, al constatarse, una vez más, otra promesa incumplida.

En cualquier caso, para lo que sí serviría es para constatar que, a diferencia de lo que sucede con el PIB, los impuestos suben suben suben, pero nunca bajan bajan bajan.

*Socio ASSAP