N. T. | Santa Cruz de Tenerife
Pedro Fernández Arcila, concejal electo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de la capital un escrito en el que solicita la suspensión cautelar del acuerdo suscrito en marzo de este año entre el Consistorio y la multinacional Sacyr-Vallehermoso para la ampliación de la desaladora por considerarlo fraudulento. La razón que esgrime el edil y abogado es que Sacyr está obligada por contrato a invertir a fondo perdido en Santa Cruz más de 45 millones de euros, 31 de los cuales iban a ser para la citada obra de ampliación de la desaladora, pero, asegura la formación en una nota, según se desprende del acuerdo entre ambas partes, la multinacional le exige a Emmasa la devolución de este dinero junto con los correspondientes intereses que se devenguen, lo cual contraviene el pliego de condiciones por el cual Sacyr se hizo con la empresa de aguas en lo relativo a las inversiones a fondo perdido a las que está obligada.
Esta interpretación de Sí se puede fue desmentida ayer de forma rotunda por el concejal en funciones de Servicios Públicos de la capital, Dámaso Arteaga, acusando a Arcila de hacer una interpretación “torticera” del acuerdo firmado con Sacyr y de leerse solo “el primer párrafo”. Según Arteaga, “la inversión que va a hacer Sacyr saldrá de la financiación que la propia empresa consiga para ello, por lo que no supone un beneficio mayor para la empresa”. Según la interpretación hecha por Sí se puede, el acuerdo firmado en marzo vendría a ocasionar un daño evidente al patrimonio de Emmasa, que se verá privada de obtener aquellas cantidades que iba a disponer a fondo perdido para obras o mejoras de instalaciones vinculadas al ciclo integral del agua, y “para mayor daño económico -señala Arcila en su escrito al juez-, se verá obligada a devolver una cantidad en concepto de principal e intereses que compromete seriamente la viabilidad económica-financiera de la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua en la capital chicharrera”.
Esta última afirmación fue también desmentida por Arteaga. “Lo que recoge el acuerdo es que, una vez que se finalice la ampliación, Emmasa podrá comprar más agua a la desaladora, a un precio menor que el que ahora paga a terceros, de forma que al final de la concesión con Sacyr, la inversión se verá amortizada y la ampliación de las instalaciones redundarán en el beneficio del gestor, es decir, el Ayuntamiento”. “No hay beneficio mayor para Sacyr ni coste añadido para Emmasa y así lo ratifica tanto el interventor de esta última como los servicios jurídicos del Ayuntamiento”, añadió Arteaga.
Más acciones
Por su parte, Arcila señaló que “de consumarse este desaguisado, Santa Cruz quedará a merced de Sacyr-Vallehermoso de manera indefinida y será muy complicado recuperar el carácter público de Emmasa”, por lo que es imprescindible obligar a la multinacional a que cumpla sus acuerdos y asuma el coste de la obra. Además, el concejal anunció que el escrito presentado ayer no será la única actuación de Sí se puede sobre este asunto.
El edil de Servicios Públicos, por su parte, llamó la atención sobre el hecho de que Arcila haya recurrido al juzgado de lo penal “para intentar frenar un acto administrativo”, asegurando Arteaga que “lo hace porque sabe que por la vía administrativa no tiene caso”. “Confío en que, como ha hecho en ocasiones anteriores, el juzgado rechace la petición”, añadió.
“Confío en que no se retrase la inversión”
El acuerdo cerrado en marzo entre Sacyr y el Ayuntamiento de Santa Cruz supone la inversión de los 45 millones de euros en la ciudad que la empresa había comprometido en el pliego de condiciones para la gestión del ciclo del agua y que le valió para hacerse con Emmasa. Desde el Ayuntamiento, Dámaso Arteaga señalaba ayer que confiaba “en que no se retrase la inversión”, evitándose cualquier paralización de los proyectos ya en marcha.
“En estos momentos ya nos encontramos dando los primeros pasos para la redacción de proyectos e incluso las primeras autorizaciones para la apertura de zanjas y demás”, explicó Arteaga. Porque, recuerda el edil de Servicios Públicos, “no solo estamos hablando de la desaladora, sino de más de 3,5 millones para obras que se van a desarrollar en los barrios, de menor cuantía, pero igual de importantes”.
“Nosotros seguimos con el mismo ritmo de trabajo -continuó Arteaga-, por lo que, si no lo ordena un juez, no vamos a paralizar ninguno de los procesos que están en marcha y que se podrán ver en los próximos meses”.