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La calma que salta por los aires – Por Teresa Cárdenes

El clima de la conflictividad vuelve a instalarse este lunes en el escenario de la aviación en España con cuatro jornadas de paros fraccionados de los controladores aéreos que, con toda seguridad, impactarán sobre aerolíneas y pasajeros. La causa directa de la protesta son los 61 expedientes sancionadores abiertos por Enaire a otros tantos controladores de Barcelona por los episodios del puente de la Constitución de 2010 y el despido de un profesional por esos mismos sucesos. Pero en realidad, España asiste casi cinco años después a una gran resaca del colosal escándalo que vivió el país en 2010 y cuyos elementos más visibles fueron el cierre del espacio aéreo, la declaración del estado de alarma y decenas de miles de pasajeros atrapados en los aeropuertos.

Nadie tiene derecho a utilizar a los ciudadanos como rehenes de una reclamación profesional. Ese fue, en síntesis, el argumento que casi todos utilizamos contra la protesta de los controladores en 2010 ante aquella escandalosa evidencia de miles de personas amontonadas sin remedio en los aeropuertos, con sus mini vacaciones arruinadas y sus planes rotos. Al entonces ministro de Fomento, el simpar José Blanco, debió divertirle mucho la asombrosa facilidad con que todos, o casi todos, jaleamos la versión oficial de aquel conflicto, que retrataba a los controladores aéreos como un colectivo de auténticos privilegiados poniendo en jaque a todo un país, sin empatía alguna con las consecuencias de sus actos sobre miles de ciudadanos ni asomo alguno de preocupación por los desastrosos efectos económicos de una aparente huelga salvaje y encubierta. También debió encantarle a Blanco lo poco que preguntamos entonces por las verdaderas razones del conflicto.

Pero sobre todo, a Blanco y a su protector ZP debió rechiflarles que nadie, o casi nadie, se preguntara en público seriamente por todo lo que podía haber hecho el Gobierno para detener aquel conflicto. Algo razonable, entiéndase, y sobre todo a tiempo, en lugar de aquel show de espacios aéreos cerrados, estados de alarma y militares entrando en los centros de control de tránsito aéreo. Razonable, a tiempo y como parte de la obligación de un Gobierno, entre las cuales no es responsabilidad menor la de garantizar las máximas condiciones de seguridad para el transporte aéreo, empezando por la pericia, los límites de horas de servicio y las condiciones físicas y psicológicas mínimamente exigibles a aquel cuya función consiste en separar adecuadamente los aviones en vuelo para asegurarse de que no se aproximen ni choquen en el aire. De modo que, como los periodistas no nos hicimos ni hicimos a terceros las suficientes preguntas, tuvieron que ser los fiscales y los jueces los que iniciaran después un meticuloso desmontaje de toda aquella gigantesca operación de imagen: los jueces no solo han archivado una veintena de causas contra los controladores por los episodios de 2010 al no encontrar indicio de delito alguno, sino que en algún caso lo han hecho dejando bien claro que fue el mismísimo Ministerio de Fomento el que tenía que haber corregido las causas que estaban en el origen del conflicto, y en particular la superación de la jornada anual aeronáutica. De la lectura de muchos documentos emitidos por fiscales y jueces se infiere además la deliberada criminalización reputacional de un colectivo esencial para que la economía de España y para la seguridad del transporte aéreo.

Ahora, casi cinco años después, se reproduce un escenario con importantes dosis de surrealismo: si fiscales y jueces pidieron o dictaron el archivo de las causas, ¿qué sentido tiene reabrir el conflicto y poner las bases para otro terremoto reactivando expedientes administrativos a 61 controladores? Bien, se dirá por parte de Fomento, las normas son las normas y habrá que cumplirlas. Pero, ¿cómo digerir que se quiera empapelar a los controladores por razones de mera formalidad, cuando sin embargo es escandalosa la facilidad con que la Administración obvia o desprecia las formalidades en casos que generan riesgos para las personas o incluso a pesar de auténticas tragedias?

Quizá fuera más sensato concentrar la energía sancionadora en impedir agujeros de seguridad que en volver a criminalizar absurdamente a un colectivo que, como el de los pilotos, es esencial para que los aviones y sus pasajeros lleguen sanos y salvos a sus destinos. En Canarias nos va la vida en ello. Literalmente.

@teresacardenes