A pesar de las declaraciones del presidente del Gobierno y de las repetidas manifestaciones de su gente en sentido contrario, desde un optimismo impostado, muy malas tienen que ser las perspectivas electorales que vislumbran Pedro Arriola, Celia Villalobos y Mariano Rajoy, por este orden, para decidirse a intentar paliar en los cuatro o cinco meses que quedan antes de las elecciones generales el daño infligido a sus votantes naturales en sus bolsillos y en sus valores durante toda la Legislatura que está a punto de acabar. No se puede bombardear a la clase media, que son esos votantes naturales suyos, hasta poner en peligro su supervivencia; no se puede abandonar a su suerte a los autónomos, a los funcionarios modestos, a los pequeños empresarios y demás grupos necesitados de apoyo; no se puede incumplir flagrantemente las promesas electorales, como la revisión de la ley que regula el aborto, que para un sector de los votantes populares es un asunto fundamental; no se puede fiarlo todo a la recuperación de la economía en términos macroeconómicos y no hacer nada en los temas sensibles que afectan a multitud de españoles. La prueba de que no se puede son los dos millones y medio de votantes, y las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos capitalinos importantes, que han perdido los populares en las recientes elecciones autonómicas y locales. Y lo peor está por venir si Rajoy no se libra de la nefasta influencia de los citados Pedro Arriola y su mujer, Celia Villalobos, que, hoy por hoy, parecen ser los que mandan de verdad en el partido, a pesar de sus manifiestos y reiterados errores estratégicos. Bueno, aunque se librara de ellos, lo que no va a suceder, la situación ya no parece reversible.
El trío dirigente popular confía en que sí lo sea, y el presidente ha anunciado la pasada semana que asignará nuevas partidas de gasto público a los colectivos que más han sufrido con los ajustes de estos cuatro años; unos colectivos que, como decimos, cuentan con un numeroso sector de votantes populares desencantados. Dicho de forma suave, Rajoy busca apoyo electoral compensando los recortes. Dicho de forma un poco menos suave, Rajoy trata de comprar los votos de los que han dejado de votarle. En particular los funcionarios, un cuantioso grupo social al que ha congelado los sueldos y salarios, quitado una paga extra y reducido los días de asuntos propios. Y habría que recordar al presidente que aumentar el gasto público con fines electoralistas también es populismo, y de los peores, aunque la medida se disfrace argumentando las excelente cifras macroeconómicas, superiores a las previstas. Tengamos en cuenta que solo devolver la paga extra suprimida supondría un coste para el erario público de unos cuatro mil millones de euros.
Después de lanzar algún globo sonda, y de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes asegurara que no se contempla “por el momento” devolver días de asuntos propios y la paga extra a los empleados públicos, Montoro ha confirmado la intención del Ejecutivo de devolverles algunos de los derechos eliminados por los recortes. El ministro de Hacienda ha asegurado que es necesario calcular el margen del que se dispone y que planteará su oferta económica a los funcionarios en tres semanas. Veremos si el colectivo -los sindicatos- está dispuesto a comprar la oferta del Gobierno. O a vender su voto, según se mire. Porque el voto seguirá siendo secreto.
El segundo movimiento de Rajoy, en su búsqueda desesperada de votos, ha sido llevar a cabo una supuesta renovación o rejuvenecimiento del aparato del partido, para mejorar su imagen y comunicar mejor con la ciudadanía, una renovación que ha consistido en cesar a dos vicesecretarios de no se sabe qué y nombrar a otros cuatro de tampoco se sabe qué, aún más desconocidos que los anteriores para el ciudadano de la calle. Solo a Rajoy y a sus asesores se les ocurre que tales ceses y nombramientos puedan tener una incidencia real en el voto. Por lo visto hasta ahora en diversas tertulias televisivas, los recién nombrados, aparte de su juventud, poseen notables cualidades como vendedores de crecepelo o telepredicadores de las supuestas excelencias del partido, en donde, al parecer, todo es maravilloso y todo se ha hecho bien.
Hay que reconocer que la intención inicial del presidente era una reforma partidista de mayor calado, que implicaba el cese de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, enfrentada a la vicepresidenta del Gobierno y derrotada en su Comunidad Autónoma. Para evitar la humillación política de Cospedal, la operación requería que aceptara sustituir al hace tiempo dimisionario José Ignacio Wert, totalmente amortizado en el Ministerio de Educación. Pero la secretaria general no quiso cambiar su poder en el partido por cinco meses de ministra. Rajoy tanteó entonces a Carlos Floriano, uno de los cesados, que tampoco aceptó. El incendio de ese Ministerio calcina a cualquiera que se acerque a sus aledaños.
Al final, Rajoy tuvo que renunciar a la renovación del partido que planeaba, y pudo asegurar que no iba a producirse “lo que se entiende por una crisis del Gobierno”, porque no tendría sentido a pocos meses de las elecciones generales. De modo que no interpreta la sustitución de Wert como crisis. Pero, la interprete o no, es indudable que su Gobierno está en crisis. Y muy grave.