La crisis económica y financiera, también política, está provocando agudas reflexiones acerca del papel y funcionalidad del Estado y del mercado. Parece claro, al menos para los reformistas, que tras la constatación del descalabro de estos años las cosas tienen que cambiar, y mucho. Los fundamentos del sistema político y económico deben revisarse porque el edificio se tambalea y amenaza con una estrepitosa caída.

En efecto, tanto el orden político como el económico-financiero precisan de una profunda labor de humanización en la que la persona y sus derechos fundamentales vuelvan a brillar con luz propia. En el terreno político precisamos de abrir la estructuras partidarias a la personas, conformarlas de abajo arriba para evitar que sigan secuestradas por minorías tecnoestructurales que las han convertido en poderosas maquinarias para el mantenimiento y conservación del poder. Las elecciones europeas primero, las locales autonómicas después, y las que se avecinan más tarde, ratificarán la urgencia de cambios y transformaciones profundas.

En el ámbito económico, es momento de superar las perspectivas utilitarias y formalistas que conciben la empresa como estructura de pensamiento único. Los resultados del balance de una empresa normalmente reflejan datos acerca de los ingresos, los gastos, los beneficios y las pérdidas. Si hay beneficios, todo va bien. Los beneficios todo lo justifican, incluso los más lacerantes atentados a los derechos humanos. Son los casos de explotación laboral, trabajo infantil, atentados al medio ambiente, desprotección de la maternidad, aumento del paro, salarios injustos, etc. Hoy en día, salvo raras excepciones, estos conceptos, tan importantes, o no se miden o tienen un valor relativo. Más bien se condicionan a la gran máxima de la obtención de los mayores beneficios posibles en el menor plazo de tiempo posible.

Pues bien, en este contexto resultan pertinentes las investigaciones del profesor austríaco Christian Felber acerca de lo que denomina economía del bien común, que también se podría llamar economía del interés general. Una doctrina fundamental para reconstruir el mundo de la empresa, también de la política, desde los postulados del humanismo, de la centralidad del ser humano. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las principales compañías del mundo tuvieran que ser evaluadas en punto al grado de humanización y mejora de las condiciones de vida de sus empleados, sobre la protección del medio ambiente, sobre las relaciones con los proveedores, sobre su contribución al empleo o a la justicia social…?.

El profesor Felber, que parte de la centralidad de la persona, piensa que sería buena cosa, y no le falta razón, auditar también la realidad económica a partir de parámetros y cánones humanitarios. Se trataría de un análisis en el que intervendrían todos los actores. Empleados, usuarios, clientes, accionistas, proveedores, directivos. Se denomina, en términos generales, auditoría del bien común y tiene una componente de orden constitucional y otra de dimensión más concreta. En la evaluación constitucional se trataría de conocer si los principales valores constitucionales del Estado de Derecho: dignidad del ser humano, solidaridad, sostenibilidad ecológica, efectividad de los derechos humanos, transparencia o pluralismo, se fortalecen en la vida económica. Y en la auditoría sobre el terreno, se trataría de analizar la calidad humana de la empresa.

Tales evaluaciones serían expresadas en términos cuantitativos, de manera que cualquier ciudadano antes de consumir productos elaborados por tal o cual empresa tendría la información pertinente acerca del grado real de compromiso de tal o cual empresa con los principales valores humanos. En mi opinión, esta propuesta, de poderse llevar a cabo, debería sustituir a la RSC, un barniz con el que algunos empresarios o directivos pretenden edulcorar su conciencia social ante prácticas inconfesables. En cambio, un chequeo al bien común en el desarrollo y gestión de la empresa podría, si se hace bien, proyectar hacia el exterior, hacia los consumidores, el grado real de compromiso social que caracteriza a las empresas. Algo, desde luego, bien relevante e importante que la RSC, a la vista está lo acontecido estos años de fiebre de responsabilidad social corporativa, no ha conseguido, probablemente por ser una construcción tan formal como superficial. La economía del bien común, si se concreta de forma equilibrada y saca a flote la realidad de las empresas, puede hacer mucho en favor de una nueva forma de concebir la actividad económica.

Justamente en este momento, el Parlamento Europeo tiene en sus manos un dictamen titulado: La economía del bien común, ¿cambiando la forma en que las empresas y la economía funcionan? Se trata, ni más ni menos, que de trabajar por un mercado ético europeo en el que se premien y favorezcan las estrategias e iniciativas tendentes a contribuir al bienestar de todos los ciudadanos europeos, buscando el bien común desde la empresa y la economía. De esta manera se podría crear empleo de calidad promoviendo el medio ambiente y los derechos sociales de los habitantes del viejo continente. Algo que de seguro devolvería a Europa el liderazgo y la relevancia que ha perdido en este tiempo a costa de renunciar a sus señas de identidad: el sentido de las cosas (filosofía griega), a la justicia (derecho romano) y a la solidaridad (cultura cristiana). Esperemos que los diputados europeos comprendan la importancia del tema y actúen en consecuencia.

*CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
@jrodriguezarana