La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que se celebra mañana, lleva en el orden del día una petición de “amparo” de los funcionarios del área de Servicios Públicos por lo que consideran una actitud “cercana a lo coactivo” del actual titular de este departamento municipal, el concejal Dámaso Arteaga. Según se detalla en el escrito de dos folios que justifica la petición del amparo, documento al que ha tenido acceso Diario de Avisos, los funcionarios exponen su preocupación por “el tono” con el que el concejal expuso una serie de exigencias a cumplir por los empleados públicos en el desempeño de su labor bajo las órdenes de Arteaga, entre ellas la prohibición de que en los expedientes figuren comunicaciones realizadas por correo electrónico o informes contradictorios así como documentación que “él considere innecesaria”.

Estas órdenes fueron trasladadas a los funcionarios en una reunión celebrada el pasado 18 de julio, en la que, y siempre según el relato de los funcionarios, “el Concejal, prohíbe que salga ningún documento del Servicio sin que él efectúe el “control político” sobre los mismos. O sea, todo documento que salga del Servicio tiene que pasar por él para su control”.

Los propios trabajadores llaman la atención cuestiones como las del correo electrónico, recordando que “hay que tener en cuenta que muchas de las comunicaciones entre las empresas que prestan servicios a este Ayuntamiento y el propio Servicio se efectúan por correo electrónico y que se adjuntan al expediente como prueba de que dichas comunicaciones se han producido, o entre particulares y el propio Servicio a través de diversos programas de incidencias”. Añaden que, “son los propios Pliegos de condiciones por los que se efectúan las contrataciones, los que exigen a la propia empresa que ponga a disposición del Ayuntamiento este medio de comunicación”.

El escrito finaliza expresando el “estupor” causado entre el personal por la forma en la que el concejal se dirigió a ellos y son los mismos trabajadores los que recuerdan en su escrito que, “en los juzgados se tramitan denuncias contra diversas actuaciones que tienen que ver con este Servicio por las que prestan declaración funcionarios y el propio concejal, lo que hace que todo lo dicho por el concejal tenga mayor relevancia”.

Siliuto

Una de las denuncias que afecta a Dámaso Arteaga, tiene que ver con la compra de la Casa Siliuto, por la que está imputado junto al resto del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo que en 2003 autorizó la citada adquisición por más de 600.000 euros, el doble del precio tasado en un informe municipal.

Este último proceso ya se encuentra a las puertas de que se fije el juicio oral, tal y como señaló la jueza responsable del del mismo hace unas semanas. En su escrito la jueza da por finalizada la instrucción y considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito. Dio un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.

Según ha podido saber este periódico, desde la acusación particular ya se está preparando el escrito de acusación por el que se solicitará el procesamiento de los imputados por la comisión de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, acusación esta última que, de comprobarse, lleva aparejada penas de cárcel que van desde los tres meses hasta los ocho años, dependiendo de la gravedad del delito.