La oferta de plazas en viviendas de alquiler turístico en España supera ya los 2,7 millones a cierre de 2014, cifra que supera las 2,4 millones de plazas reguladas (1,4 millones hoteleras, 450.432 establecimientos reglados y 140.952 alojamientos rurales reglados), según un informe elaborado por la consultora Ernst & Young, en colaboración con Nielsen y el despacho Tourism & Law.
El estudio, encargado por Exceltur, analiza este modelo. Los servicios de alojamiento turístico en viviendas de alquiler han existido desde hace décadas, pero han crecido exponencialmente con el auge de Internet y la aparición en el mercado de un nuevo modelo de negocio, que compite ya con los hoteleros, y la proliferación de diferentes plataformas. Estas gestionaban en España en el mes de diciembre una oferta de 278.769 propiedades. Tres de ellas intermedian el 65% del total de la oferta en nuestro país: Airbnb, HomeAway y Wimdu. Las ciudades son Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia, Palma de Mallorca, Granada, Alicante, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao y Santiago de Compostela, el 71% del total de la oferta de alojamientos reglados.
Menos calidad de vida para los residentes
El informe de Exceltur también destaca que una parte relevante de esta oferta pertenece al ámbito de la economía sumergida, por lo que una correcta regulación de este tipo de alojamientos en España podría generar una contribución anual de más de 800 millones de euros a las arcas del Estado. Además, las rentas anuales percibidas por los arrendadores particulares de estos alojamientos pueden ascender a 2.054 millones de euros anuales. Si ninguno de estos propietarios declara estos ingresos, aplicando un tipo impositivo del 21%, se hablaría de un potencial fraude cercano a los 432 millones de euros anuales. Frente a los 53,3 empleos por cada 100 plazas generadas por los alojamientos reglados, esta oferta genera tan solo 9,8. Hay que tener en cuenta otro aspecto, y es que el 59% de los residentes en zonas de mayor concentración de estos alquileres turísticos perciben una pérdida de su calidad de vida: al 80% les afecta el ruido, al 70% la mayor suciedad y el 42% aprecia más inseguridad.