VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
El sistema electoral canario, concebido desde los años ochenta como una garantía de evitar que las islas no capitalinas quedaran marginadas en el Parlamento autonómico, vuelve a estar de actualidad. En realidad, nunca ha dejado de estarlo, porque tanto partidos que entran en la Cámara como los que se quedan fuera critican la desproporción entre los votos obtenidos y su traducción en diputados.
De hecho, en las autonómicas del pasado 24 de mayo CC ganó en escaños, 18, pero fue tercera en votos, y Podemos, con sólo 3,6% puntos porcentuales menos de apoyo electoral que Coalición, logró 7 diputados, osea, 11 menos que CC; mientras que Ciudadanos (C’S) con casi el 6% de los votos (tenía que alcanzar ese tope) se quedó fuera, y la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo, con apenas el 0,56% de sufragios, entró con 3 parlamentarios.
Ante el debate surgido, este diario ha reunido las opiniones de expertos en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, y, con matices, abogan por modificar las reglas de juego para evitar la infrarrepresentación de las islas más pobladas, así como rebajar los altos topes del 30% insular y 6% regional que se exige a un partido para entrar en el reparto de parlamentarios.
Eso puede implicar la ruptura de la hasta hoy sagrada triple paridad, es decir, la distribución equitativa de los 60 diputados a razón de 30 por cada provincia, 15 para cada una de las islas capitalinas, y 15 entre las restantes no capitalinas de cada provincia. Con este reparto actual, el 82% de los canarios elige a la mitad de los diputados, y la otra mitad del hemiciclo parlamentario lo elige el 18% de la población.
La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía canario aprobada este año por el Parlamento regional (con el apoyo de CC y PSOE, la abstención de NC y PIL y el voto en contra del PP) y remitida a las Cortes incluye bajar a la mitad las referidas barreras, y prevé que al menos 10 diputados puedan ser votados en toda Canarias, permitiendo así que el criterio de población tenga más peso. Pero es una propuesta que, previsiblemente, no se aprobará en Madrid esta legislatura y no satisface a la mayoría de partidos extraparlamentarios ni a Podemos, NC o PP.
[sws_pullquote_left]La triple paridad, las barreras de votos y la Ley D’Hont, tres filtros en Canarias[/sws_pullquote_left]
Vicente Navarro, profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de La Laguna, admite que se trata de un asunto “siempre complejo y polémico, pero lo tenemos ya muy estudiado y sabemos dónde están los problemas y las opciones, por lo que es una decisión política”. A su juicio, ya de entrada hay un retoque que rompería la triple paridad, y es que Fuerteventura debería contar con más diputados, puesto que ahora tiene más población que La Palma y se le asigna uno menos (porque en 1982 la situación demográfica era inversa).
Navarro cree, no obstante, “poco probable políticamente reducir el número de escaños a todas las islas menores, pues sería ponerlas en pie de guerra y lo verían como un agravio”, aunque sí ve factible aumentar el número de diputados de las más pobladas, bien asignando 5 a Tenerife y otros 5 a Gran Canaria, o bien eligiendo a esos 10 diputados nuevos en una lista regional que puedan votar todos los canarios. “Esto último además favorecería un discurso pancanario, único para todas las islas, de esos candidatos, porque les podrían votar en todas las islas”, apostilla. Navarro comprende además que se plantee que un 30% de tope insular es desproporcionado, aunque recuerda que existe porque “en un momento de nuestra historia política se puso esa barrera para evitar que muchas fuerzas insularistas tuvieran fácil alcanzar escaños dificultando así la gobernabilidad del legislativo”.
Este jurista y politólogo señala además un aspecto del que se habla poco, la Ley D’Hondt, que es otro filtro añadido a los dos anteriores, un método que “es muy proporcional en circunscripciones grandes, con mucha población, como en las islas capitalinas, pero no en las menores”. “En La Gomera, la ASG, con el 45% de los votos, se lleva 3 de los 4 escaños, osea, el 75% de la representación, y eso no es problema del reparto por islas ni las barreras, sino por la fórmula D’Hondt aplicada a una superficie muy pequeña”.
Juan Hernández Bravo de Laguna, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad lagunera, considera, de entrada, que “no es conveniente para la buena salud de nuestro sistema político ni para su legitimidad que el sistema electoral se ponga en cuestión de forma permanente”. Sin embargo, “siempre ha siempre ha sido cuestión problemática en la vida política canaria y, además, un tema guadiana, que aparece y desaparece al compás de la coyuntura política” y refleja también “la concepción política de Canarias” que defiende cada partido.
A su juicio, la ausencia de circunscripción regional hace más desproporcional el sistema, dificulta “una cultura política pancanaria y solidaria” y produce la identificación de cada presidente del Gobierno regional “como representante de una isla, en detrimento de las otras”. Bravo de Laguna no ve “fundamentado” el que una lista regional junto con las insulares creara dos clases de diputados.
Los criterios territoriales, subraya, se utilizan en el vigente sistema electoral canario “como únicos y no con carácter subsidiario y de complementariedad correctora”, a diferencia de lo que establece el artículo 152.1 de la Constitución. Para este especialista, esta fórmula “rompe la proporcionalidad electoral o igualdad sustancial en el sufragio (proporcionalidad entre el número de escaños y la población de Derecho o el censo electoral de cada circunscripción en relación a las demás), y sobrevalora los votos de las islas periféricas en detrimento de los de las islas centrales, que también quedan desproporcionados entre sí”. Con ello, el voto de herreño vale en términos de su traducción en escaños unas 18 veces más que el de uno de la isla de Gran Canaria (los dos casos extremos), algo sin parangón en el resto de España, advierte este catedrático.
Pese a esta preponderancia de la insularidad, Bravo de Laguna pone el dedo en la llaga con una de sus observaciones que parece desmitificadora: “No existe evidencia empírica de que haya relación entre la adopción de las decisiones políticas que afectan a las islas periféricas (por ejemplo, la cuantía de las inversiones públicas en ellas) y su número de diputados autonómicos” y “nunca se ha votado por grupos de diputados insulares al margen de los grupos parlamentarios”.
Sobre las barreras electorales, en los sistemas democráticos del mundo oscilan entre un 3% y un 5%, por lo que un 30%, asevera Bravo de Laguna, “es exageradamente alta, aunque recuerda que el Tribunal Constitucional ya la declaró en 1998 compatible con la Constitución.
Pese a esta sentencia,el analista político y experto en elecciones Pedro Lasso se reafirma en que el sistema electoral canario es “inconstitucional”, pues se basa en el reparto de diputados por territorios (islas) sin tener en cuenta el criterio demográfico.
[sws_pullquote_right]El 18% de los canarios elige a la mitad de los escaños en el Parlamento[/sws_pullquote_right]
Este especialista propone bajar los topes a un 5% insular y dar tres diputados a cada isla por el criterio territorial (un total de 21). Los 39 escaños restantes se asignarían, también por islas, pero en proporción al peso demográfico de cada una, en número revisable cada cuatro años por si varía la población, y además se premiaría con un escaño a las islas que no llegaran al 1%. “Pero CC, PP y PSOE en realidad no quieren que las cosas cambien demasiado”, declaró recientemente a este diario.
Una fórmula con igual filosofía es la que propone Gerardo Pérez Sánchez, profesor de Derecho Constitucional de la ULL, quien aboga por dar a cada isla un mínimo de diputados (uno o dos) y el resto distribuirlos, también por circunscripciones insulares (así no sería necesario reformar el Estatuto de Autonomía) en función de la población de cada una, junto a una bajada importante de los topes electorales hasta situarlos en los estándares de los sistemas democráticos.
Tiene claro Pérez Sánchez que “la necesidad de abordar la reforma electoral es imperiosa, desde un punto de vista jurídico y político”. Jurídico, porque “no se amolda a las exigencias constitucionales ni a los requisitos democráticos mínimos”, y político porque “ el voto de muchos ciudadanos está siendo maltratado, ninguneado, por razones que ya están caducas”, pues “ese miedo al pleito insular, esa desconfianza de unas islas hacia otras debe estar superado ya, o, de lo contrario, habríamos fracasado como comunidad autónoma”. Destaca este docente universitario que, para corregir las “perversiones” de esta normativa electoral, se dispone de “fórmulas suficientemente estudiadas”. Desde su punto de vista, el hecho de que el 82% de la población elija a la mitad de los diputados “supone una diferencia del valor del voto descomunalmente desproporcionada entre islas, y aunque nunca esa proporción puede ser matemática, en Canarias se sobrepasa lo tolerable”. En cuanto a las barreras de votos, enfatiza que exigir un “30% o un 6% no tiene parangón en las democracias occidentales”. En cuanto a los cambios en este sistema que se incluyen en la reforma del Estatuto de Autonomía remitida a las Cortes, Pérez Sánchez la juzga de “solo un pequeñito paso adelante” pero “hay que ser más valientes y osados” en las soluciones, “por coherencia y calidad democráticas”, ya que “aunque la democracia perfecta no existe, del blanco al negro hay un trecho, y en Canarias empieza a haber zonas de grises muy preocupantes”.
José Andrián García Rojas, profesor de Ciencias Políticas de la ULL, parte del hecho de que juzgar si el actual sistema es justo o injusto entra en el terreno de la “moral” porque al final la decisión es política, no jurídica, y hay países, como en Gran Bretaña, donde incluso están en contra de la proporcionalidad. En todo caso,opina que el modelo canario sí puede modificarse, pero que la reforma planteada de una lista regional con 10 diputados “no resuelve nada”, y es más partidario de darle un escaño a cada isla, como criterio territorial, y el resto -también en circunscripciones insulares- en función de su población. “Las islas menores seguirían en todo caso sobrerrepresentadas, pero no sería tan desproporcionadamente como hasta ahora”, apostilla el experto en política, consciente del rechazo que eso acarrearía en ínsulas no capitalinas. Sobre las barreras, admite que el 30%, combinado con el 6%, es un límite “brutal” y ha provocado que fuerzas con muchos votos se queden fuera, como ahora C’s o en otra época el PIL o NC.
Muy diferente es la propuesta de Fernando Ríos, exdiputado e ideólogo de CC (partido que abandonó hace unos meses), excomisionado de Autogobierno del Ejecutivo canario y profesor de Derecho Constitucional de la ULL. Su fórmula es bicameral: un Parlamento elegido por el criterio de igualdad de voto de todos los canarios, y una cámara territorial de 21 miembros, que sugiere llamar el Cabildo General, en el que cada isla tendrá tres representantes, elegidos por el Cabildo entre tres de sus consejeros.
Para que este sistema no fuera “inoperante”, esta segunda cámara tendría capacidad de vetar a la otra, un veto que el Parlamento superaría con mayoría cualificada. Para Ríos, “la reforma electoral no puede quedarse en un solución simplona, sino que hay que consensuar el modelo político organizativo para Canarias más adecuado para lo que somos, un solo pueblo disperso en siete islas”.
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Desproporciones parlamentarias
En las elecciones del pasado 24 de mayo, CC, la tercera fuerza en votos (18,18%) fue, en cambio la ganadora en diputados, con 18, seis escaños más que los del PP, pese a ser el segundo más votado, al cosechar el 18,56%, tres parlamentarios más que el PSOE, vencedor en sufragios (19,86%) y 11 representantes más que Podemos, que consiguió, en su estreno, el 14,54% de las papeletas, apenas un 3,6% menos que Coalición. Peor parado salió Ciudadanos (C’S), que, con casi el 6% de los votos (cerca de 54.000), no obtuvo escaños, mientras que Casimiro Curbelo y su Agrupación Socialista Gomera (ASG), con solo el 0,56% (poco más de 5.000 votos), logró 3 diputados. Unas elecciones estas en las que el apoyo a CC, PP y PSOE sumados representa el 56,64% del total, el peor resultado en 30 años.
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