El desalojo voluntario de Bajo de la Cuesta no se llevará acabo y el Ayuntamiento de Candelaria tendrá que solicitar autorización judicial para poder entrar en las 54 viviendas existentes en ese barrio costero. La gran novedad en el contencioso que enfrenta a los vecinos y al Consistorio por un decreto de desalojo retomado tras el inicial de febrero de 2010 es que un ingeniero de Caminos se ha ofrecido a realizar otro informe técnico del acantilado que podría contradecir el efectuado por Icinco, origen del decreto.