Treinta años después de la firma del Tratado de Adhesión de España (y Portugal) a las Comunidades Europeas, con un protocolo para Canarias, Ceuta y Melilla, el pacto de gobernación firmado por CC y el PSOE reivindica el planteamiento de corte soberanista de la “participación directa” de la Comunidad Autónoma “en los asuntos que le afectan” y reclama el establecimiento de “un diálogo directo con las instituciones europeas, los estados miembros y las demás regiones ultraperiféricas (RUP)”.

En el capítulo 5 del acuerdo programático, los socios reclaman “un estatuto particular en torno al concepto de RUP como grupo diferenciado con una realidad que no se parece, en ningún caso, a la de otras regiones de la UE, ya que tienen “características geográficas” propias (islas, zonas de montaña y regiones con baja densidad de población), o a la de “otros territorios con un estatuto jurídico especial” (países y territorios de ultramar), de los que “nos separan diferencias de hecho y de derecho”. Desde esa perspectiva, nacionalistas y socialistas se comprometen a promover un “reglamento general para las RUP” y a propiciar “un debate abierto y constructivo con la sociedad canaria sobre las distintas posibilidades de evolución del estatuto jurídico de Canarias en la UE”.

A tal efecto, CC y el PSOE alentarán al “análisis de su factibilidad, sus ventajas y sus inconvenientes” para “extraer las conclusiones que procedan”. Pretenden hacerlo “con una voz propia”. Asimismo, recalcan, “Canarias seguirá “liderando la cooperación con las demás regiones en el marco de la Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas, que acogeremos en 2018”. También inspirará un “nuevo memorándum conjunto”. El Ejecutivo canario propugnará “el incremento y la intensificación de la presencia de las comunidades autónomas en las formaciones del Consejo de la Unión Europea”, fundamentalmente “cuando afecte en materias de su competencia”.

En coherencia con tal posición, se mantendrá la actividad de la delegación de Canarias en Bruselas, con una “actuación permanente” ante las instituciones comunitarias. Consecuentemente, se defiende la continuidad del consejero encargado de asesorar sobre cuestiones de la ultraperiferia propuesto por Canarias en la representación de España.

De conformidad con las líneas programáticas contenidas en el mencionado documento, el bipartito se centrará en “gestionar de manera eficiente” los fondos, no solo estructurales, que el Archipiélago recibirá entre 2015 y 2020. Se procurará, por lo tanto, “la consecución de una mejora de la competitividad de la economía” isleña sobre “la base de las prioridades” fijadas en la estrategia de especialización inteligente y en los distintos programas operativos aprobados por la Comisión Europea.

En relación a la revisión del “régimen de integración específico” de Canarias en la UE, el texto anticipa que, a más tardar en 2018, se llevará al Parlamento regional “una comunicación que fije la hoja de ruta para las negociaciones europeas en el periodo posterior a 2020 con vistas a “sensibilizar” a las autoridades nacionales y comunitarias acerca de la “necesidad” de reafirmar las peculiaridades canarias.
Por el camino, Coalición Canaria (CC-PNC) y el Partido Socialista asumen el reto de la reforma de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, que está a la espera de su admisión a trámite en las Cortes Generales.

Esta propuesta de mayor integración en la UE entra en contradicción con el “espacio común económico, social y cultural con el África occidental” que estos mismos aliados formulaban para la legislatura anterior.