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Piden modificar el decreto del alquiler vacacional

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

La Plataforma de Alquiler Vacacional solicitó ayer una reunión “urgente” con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ante la “sorpresa y estupor” que ha generado la redacción del decreto 113/2015. En una carta abierta remitida a los medios de comunicación, recuerda que el Ejecutivo se comprometió a que podrían legalizar las viviendas vacacionales en zonas turísticas, “siempre y cuando no se encontraran en suelo turístico sujetas al principio de unidad de explotación”, y de hecho, así constaba en el borrador remitido al Consejo Consultivo.

Asimismo, señaló que tenían el compromiso del candidato de CC a la Presidencia, Fernando Clavijo, en línea con el PSOE, de apoyar estos criterios, lo mismo que Partido Popular (PP), Ciudadanos, Podemos y UPyD. Sin embargo, sostiene que para “enmascarar” una prohibición casi total de las zonas turísticas y “sucumbir” a las exigencias del “lobby hotelero”, se incluyó en el decreto final como “aclaración” la exclusión de los suelos y urbanizaciones mixtas turísticas residenciales en el artículo 3.2.

“La consecuencia no sólo es grave para los propietarios de las viviendas vacacionales y los intermediarios por dejar aproximadamente el 90% de las viviendas fuera, sino para el conjunto de la economía”, expone el colectivo, ya que estos inmuebles no comparten el “mismo perfil” de clientes que los hoteles y “no crean riqueza” para el pequeño y mediano empresario de la zona.

Según la plataforma, más del 80% de la vivienda vacacional queda al margen de la ley y en Adeje (Tenerife), por ejemplo, queda excluida toda la costa que va desde el barranco de Troya hasta Callao Salvaje, mientras que en La Laguna (Tenerife) se excluye Bajamar y La Punta del Hidalgo, o también Corralejo, con lo que, consultado con un técnico, más del 80% de la vivienda vacacional queda al margen de la Ley. En este sentido, la plataforma ha convocado una reunión para hoy en Puerto Santiago (Tenerife) de 18.00 a 20.00 horas, con el fin de buscar una solución al conflicto. “Quiero creer que los términos de la normativa han sido causa de una mala interpretación o redacción y que deben ser subsanados con la mayor brevedad posible”, declaró la portavoz de la plataforma, Doris Borrego.