No soy hombre que suspire por himnos, escudos o banderas como señal inequívoca de patriotismo, aunque acepto que estos símbolos, por ser de todos, deben ser respetados, ensalzados y honrados por encima de creencias o ideologías. Pero el sentimiento de amor, orgullo y pertenencia a la patria y la tierra natal o de adopción -en eso consiste esencialmente el patriotismo- tiene, para mí, formas más explícitas de manifestarse. Por ejemplo, siendo un ciudadano ejemplar, responsable y solidario. Que respeta ideales, tradiciones y culturas distintivas. Que ayuda al bien común general y cumple con su deber en todo tiempo y lugar. Que defiende las instituciones y la democracia, etc., etc. El himno nacional español recibió el sábado, antes de la final de la Copa del Rey de fútbol, una tremenda pitada en el Camp Nou barcelonés. Ya se ha había calentado el ambiente los días previos con manifestaciones y malos augurios; incluso distintos grupos independentistas catalanes repartieron más de 15.000 silbatos para contribuir a hacer más ruidosa la protesta. ¿Protesta contra qué o contra quién? Contra España, así, en abstracto, y contra el Rey, que asistió al encuentro, porque encarna la soberanía nacional. Pura exaltación nacionalista o independentista, como se prefiera. Es difícil impedir una expresión de esta naturaleza, sobre todo si existe, como es el caso, un vacío legal reiteradamente denunciado, al que se suman varios precedentes similares y el debate eterno al que está sometido el propio himno nacional que, por no tener, no tiene ni letra.

Pero sí se pueden convertir en delito explícito, e incluirlos en el Código Penal, los pitos, abucheos o manifestaciones contra la Marcha Real, como hizo Sarkozy a propósito de La Marsellesa tras los repetidos abucheos al himno nacional francés. Es una buena manera de fortalecer y amparar las instituciones y sus símbolos. Porque una cosa es la libertad de expresión y otra la falta de respeto y la vejación contumaz, en actos de carácter público, de aquello que representa el orden constitucional. Ningún país lo acepta, antes bien lo reprime y persigue con medidas proporcionadas y concluyentes, por lo que tiene de afrenta a la legalidad vigente. Es lo que en este caso procede, aunque ahora sólo sea por vía administrativa.