“Yo no sé lo que harán los demás, pero a mí no me mueve nadie de mi casa”, señaló ayer Antonio Oliva, presidente de la asociación de vecinos de Bajo la Cuesta, a la espera de que las notificaciones de desalojo del barrio lleguen entre hoy y mañana a los vecinos, según adelantó la alcaldesa, tras reunirse con ellos el martes y comunicarles el decreto firmado por el anterior alcalde, José Gumersindo García, el viernes, último día de su mandato.

El centenar largo de vecinos de unas 40 viviendas del pequeño núcleo costero de Bajo la Cuesta, justo debajo de la TF-1, al lado de la central de Las Caletillas, conoció la intenciones del entonces alcalde el domingo día 7, cuando les comunicó que “hay informe de una empresa externa y de la Oficina Técnica Municipal que determina la necesidad del desalojo por riesgo de desprendimientos y avalanchas”, no pudiéndose garantizar la seguridad de las personas.

El informe solicitado por el Ayuntamiento a la empresa Icinco, a raíz de la caída en enero de una gran piedra sobre un vehículo y la posterior denuncia de su propietario, recoge que es necesario apuntalar la zona con un gran mallado, para lo que sería necesario sustituir el actual, ya muy deteriorado, por otro que tiene un presupuesto que sobrepasa el millón y medio de euros.

Pese a la conocida falta de seguridad, la gran mayoría de los propietarios de las 40 viviendas, “en el 80% de primera ocupación”, según Antonio Oliva, quieren permanecer allí pese al peligro que supone el talud, mientras que el Ayuntamiento dice verse obligado al desalojo.

Mari Brito les comunicó el martes que la Policía Local procedería esta semana a notificarles el desalojo, para lo que tienen un mes para reclamar ante el Ayuntamiento y dos meses para hacerlo ante la Justicia. “La asociación de vecinos -dijo Oliva- irá directamente al Juzgado”, aunque valoró el interés de la nueva alcaldesa por buscar una solución al problema, insistiendo en que “cuando el Cabildo y el Gobierno regional estén constituidos lo primero que haremos es pedir que nos ayuden a asegurar la zona”, mientras ofreció los Servicios Sociales para evaluar caso por caso y realojar provisionalmente a los vecinos en viviendas de alquiler a la espera de apuntalar el acantilado.