La Guardia Civil ha realizado una nueva fase de la operación Perceval que ha culminado con la detención de un gestor inmobiliario y la imputación de numerosos clientes que recurrían a la organización criminal investigada en busca de modificaciones catastrales irregulares a cambio de una contraprestación económica.

Estas nuevas actuaciones son fruto del análisis de la abundante documentación intervenida en los registros realizados en junio del pasado año, donde fueron detenidas tres personas, un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, un antiguo trabajador de una notaría, y un gestor como presuntos autores de delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.

Asimismo fue imputada otra persona, igualmente funcionaria del Catastro, informa la Guardia Civil en una nota.

La investigación se inició al tener conocimiento la Guardia Civil de la existencia de una organización criminal que contaba con algún funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, que en connivencia con un antiguo trabajador de una notaría y un gestor inmobiliario, emitían resoluciones y certificaciones catastrales de forma irregular, favoreciendo los intereses de terceras personas, que utilizaban posteriormente la documentación para alterar la titularidad de parcelas, modificar superficies y trazado, e inscribirlas irregularmente en el Registro de la Propiedad y reducir impuestos de bienes inmuebles.

La organización criminal desarticulada contaba con una clientela de profesionales relacionados con la gestión inmobiliaria y catastral, que acudían a ellos en busca de una celeridad y de la viabilidad de gestiones, dado que la Gerencia del Catastro de Santa Cruz de Tenerife u otras administraciones con competencias en la materia no podían ofrecer al realizar los trámites con sujeción al procedimiento administrativo, a la legislación reguladora de la materia y en defensa del interés general y de terceros afectados.

AHORRAR TIEMPO
De este modo, señala el instituto armado, gestiones que se podían dilatar en el tiempo durante meses y que habrían resultado gratuitas por el cauce ordinario, eran conseguidas en un solo día a cambio de una contraprestación económica y sin necesidad de aportar la documentación requerida por los cauces legales.

La operación, dirigida inicialmente por el Juzgado de Instrucción Número Uno de La Laguna recayó finalmente en el Juzgado de Instrucción número Uno de Santa Cruz de Tenerife cuya titular está dirigiendo las nuevas investigaciones, realizadas por el Grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Unidad de Policía Judicial del mismo Cuerpo de Santa Cruz de Tenerife, contando con la estrecha colaboración de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.