El Gobierno de Canarias anunciará en breve la creación de una novedosa Dirección General de Dependencia y Discapacidad en su afán de dar un profundo vuelco a la antigua Consejería de Asuntos Sociales, ahora denominada de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda tras la reestructuración del Ejecutivo autonómico.

La decisión de su actual titular, Patricia Hernández, también está relacionada con la necesidad de impulsar la tramitación de los expedientes aún pendientes, auténtico quebradero de cabeza del anterior gobierno canario, al punto de que el ahora presidente, Fernando Clavijo, no dudó en criticar la situación cuando aún era el candidato de Coalición Canaria, misma formación política que controlase por entonces este departamento.

Ahora, la apuesta del PSOE por lo social, que le ha llevado a preferir este tipo de consejerías dentro de la composición del nuevo gobierno, pasa por un cambio radical en la gestión de las mismas y esta nueva Dirección General pretende marcar un antes y después que incluirá una reestructuración profunda del departamento de la que las jefaturas de servicio no serán ajenas al mismo.

Por último cabe recordar que hasta ahora la Consejería se denominaba Cultura, Deportes (ahora en otro departamento) Políticas Sociales y Vivienda, y que en Políticas Sociales contaba con una Viceconsejería y una Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.

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La “firmeza” contra las cláusulas abusivas bancarias puede llegar al Boletín oficial

La “firmeza” de la que habló la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, en relación con determinadas cláusulas abusivas del sector bancario puede llegar incluso a plasmarse en el Boletín Oficial de Canarias, según fuentes cercanas al Ejecutivo regional.

En caso de que finalmente se plasmasen estas medidas como norma, el Gobierno de Canarias ya tiene camino recorrido con el rechazo jurisprudencial con el que ya cuentan asuntos como las llamadas cláusulas suelo y, en general, el mayoritario respaldo de la Justicia española a las víctimas de las participaciones preferentes y otros productos bancarios.

Esta contundente apuesta por preservar los derechos del consumidor ya se produjo en la anterior legislatura con la Ley Canaria de Vivienda, en la actualidad suspendida por el Tribunal Constitucional al aceptar un recurso presentado por el Gobierno de España a tal fin.

La supuesta invasión de competencias pasa por tres aspectos polémicos de dicha ley, que declara la función social de la vivienda, la obligatoriedad de dar de alta en un registro las que estén deshabitadas (con sanciones para personas jurídicas) y la expropiación de su uso durante tres años a bancos e inmobiliarias para evitar que las familias sin recursos afectadas por desahucios en procesos de ejecución hipotecaria se queden sin hogar.

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