EDUCACIÓN

Las infraestructuras educativas, la tarea pendiente

María Dolores Berriel también trasladará a la Consejería las conclusiones del pacto por la educación. / S. M.
María Dolores Berriel también trasladará a la Consejería las conclusiones del pacto por la educación. / S. M.

Nuevas infraestructuras, pero también reformar las que ya existen y el paso del tiempo ha dejado obsoletas. El Consejo Escolar de Canarias ha reiterado la necesidad de que la Consejería de Educación y Universidades elabore un plan de modernización de centros y solucione los problemas de amianto detectados en las cubiertas de varios colegios de Canarias, ya que, aunque han sido denunciados en varias ocasiones por la Defensora del Pueblo y el Diputado del Común, continúan sin solventarse.

“Lo estamos pidiendo desde principio de curso. Hay que reformar muchos centros, adecuarlos a los requerimientos actuales de sostenibilidad y eficiencia energética, y mejorar en la conectividad de las tecnologías”, explica la presidenta del organismo, María Dolores Berriel. “Además, también hay que sustituir centros obsoletos y hacer un diagnóstico para saber cuántos tienen amianto”.

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, abordó este asunto por primera vez en su informe 2013. En el documento recomendaba a la Administración educativa que tomara las medidas para controlar las infraestructuras en las que está presente este material, que no supone un peligro si no se manipula, pero que en forma de partículas libres puede acarrear graves riesgos para la salud.

La utilización de amianto en la construcción fue prohibida en toda la Unión Europea hace más de una década, después de que varias investigaciones médicas asociaran su uso a diferentes enfermedades pulmonares, entre ellas el cáncer.

El proyecto inacabado
El exconsejero José Miguel Pérez prometió durante la pasada legislatura construir quince centros nuevos a través de una fórmula de colaboración con el sector privado que nunca prosperó. Esta posibilidad surgió como alternativa de financiación ante los recortes del Estado, pero no había precedentes ni en el Archipiélago ni en el resto del país.

En teoría, los quince centros, con un total de 278 unidades escolares, no computarían como déficit público, pues su construcción correría a cargo del sector privado a cambio de la explotación de servicios como limpieza, cocina o mantenimiento.

El proyecto, que preveía inversiones por 81 millones de euros, generó dudas legales desde el principio y nunca se llevó a cabo.

La consejera de Educación actual, Soledad Monzón, acaba de llegar al cargo, pero se ha mostrado dispuesta a analizar la viabilidad del proyecto iniciado por su antecesor y, si es necesario, buscar otras alternativas.

La presidenta del Consejo Escolar tiene previsto pedir una reunión formal con el nuevo equipo para trasladar esta demanda, pero también otras que han quedado plasmadas en el Pacto por la Educación, un documento rubricado por todas las comunidades educativas de las ocho islas.

“Es una hoja de ruta de la comunidad educativa y social de Canarias que establece por dónde debe transitar la educación durante las próximas décadas”, afirmó por último María Dolores Berriel.