El 12 de junio, José Gumersindo García Trujillo, en su último día como alcalde de Candelaria, firmó un decreto de desalojo del núcleo costero de Bajo la Cuesta, en Las Caletillas, motivado por un informe externo que determinaba la inseguridad de la zona por riesgos de desprendimientos y avalanchas de piedras.

Un mes más tarde, ya con Mari Brito en la Alcaldía, en Bajo la Cuesta todo sigue igual, con la única excepción de dos carteles sobre unas farolas en donde se avisa del peligro que corren los transeúntes de la zona.

El centenar de vecinos de las 54 viviendas-cuevas censadas en Bajo la Cuesta no han atendido al desalojo voluntario ni se han acercado a Servicios Sociales a pedir una vivienda de alquiler social como se les recomendó desde el Ayuntamiento, haciendo caso a los consejos de José Ortega, el abogado de la asociación de vecinos desde hace 10 años y que fue contratado en su día para defender al colectivo de la amenaza que para ellos suponía y supone la Ley de Costas, tras el nuevo deslinde aprobado en 2006 y que está pendiente de una resolución judicial.

Ahora los vecinos han entablado otra batalla para mantenerse, pese al riesgo que dictamina el informe de Icinco, atrincherados en sus casas, porque entienden que pueden vivir con ese riesgo como lo han hecho en tantos años. Tras un mes sin que se ejecutara el desalojo voluntario, el siguiente paso que tenía previsto el Ayuntamiento de Candelaria era firmar otro decreto para que la Justicia le dejara el consentimiento para entrar en las casas y desalojar a sus moradores y cerrar al tráfico la única calle del barrio, pero por ahora la alcaldesa ha decidido atender primero al amplio recurso de reposición presentado hace dos semanas por el abogado José Ortega, y a partir de ahí seguir manejando los tiempos, entre otras razones para obtener del Cabildo y Gobierno de Canarias un compromiso de actuar en la zona para garantizar la seguridad del acantilado, que se ha visto seriamente afectado después de las obras de ampliación del autopista TF-1.