Qué mejor escenario que Latinoamérica para el análisis, diseño e implementación de políticas públicas que nos permitan luchar contra el aumento de la violencia y la inseguridad, y a eso se ha encaminado el proyecto Woodrow. En este trabajo se da a conocer la experiencia desarrollada por el Wilson Center. Como resultado nos da una lista de diez elementos claves para llevar una intervención efectiva en la prevención y control del delito, eso sí, partiendo del reconocimiento previo de una constatación dramática y la tendencia al deterioro general de la seguridad ciudadana debido a las nuevas formas de violencia que van surgiendo y a la cohesión de las organizaciones criminales. En España, a partir del año 2010 y cumpliendo compromisos internacionales se introdujeron importantes modificaciones en cuanto al crimen organizado y a los grupos criminales. Una organización criminal es la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, en cambio, el grupo criminal, es la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos, siendo la diferencia sustancial entre ambas el requisito de la estabilidad. Pero no podemos perder de vista otra figura como es la del delito de asociación ilícita que la diferencia de las anteriores por su apariencia de legalidad. La aplicación de políticas contra el fenómeno es fundamental, tal vez el resultado podría parecer desesperanzador cuando vemos que a pesar de aplicar políticas exitosas la magnitud del fenómeno es mucho más alto que hace un par de décadas, pero, es que de lo contrario hubiera sido peor. En Latinoamérica hay un problema muy serio de seguridad ciudadana que pasa por soluciones integrales que abarcarían múltiples áreas de todo tipo.
Localmente hay una serie de elementos que, adaptados a la realidad y necesidades locales, pueden tener un impacto significativo en el control y prevención del delito, así como en el fortalecimiento de la cohesión social. Aquí va el decálogo de propuestas básicas.
El primero, un liderazgo y atribuciones a la autoridad local, con colaboración de las autoridades nacionales ya que los gobiernos locales son los que más cercanía y comunicación directa tienen con la ciudadanía. Un diagnóstico adecuado, generación de información de calidad y permanentemente actualizada para la planificación estratégica ya que ninguna política pública se puede poner en práctica en el vacío, todas requieren de unas líneas de información sobre la situación concreta del problema que se quiere transformar. Otro sería el de la capacidad de intervención integral y coordinada entre la prevención y el control del delito; una policía comprometida y alineada con la autoridad local; un espacio específico local de coordinación, una adecuada focalización y distintos niveles de intervención.
Tampoco podría faltar el uso de la tecnología moderna al servicio de la seguridad, ni tampoco algo muy importante como es la participación comunitaria y alianzas con la sociedad a nivel local, promover experiencias locales alternativas a la prisión para las infracciones menores, claro, porque las cárceles son “escuelas del delito” donde delincuentes primarios y por asuntos menores pueden terminar vinculados a otros delincuentes. Y ya por último, el seguimiento, la evaluación y la sistematización.