Los alcaldes y concejales de los 8.000 ayuntamientos de España tienen desde este mandato un límite en los sueldos que va desde los 100.000 euros a los 40.000, sin otra consideración que la del número de habitantes por municipio.
La Ley que aprobó hace dos años el Gobierno de Mariano Rajoy, negociada con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), supone la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, aprobada hace 28 años, y un cambio necesario para impedir lo que hasta ahora ha venido siendo la norma habitual, que cualquier regidor se pusiera el sueldo que le apeteciera. Una Ley, además, que limite el número de concejales con derecho a remuneración y el número de trabajadores eventuales (asesores o personal de confianza) que se pueden contratar en cada consistorio, siempre teniendo en cuenta el baremo de población. Una ley, sin embargo, que, visto lo visto en distintos ayuntamientos de Tenerife, tiene todavía muchas grietas, porque no se entiende, por ejemplo, que haya un límite en sueldos y no exista ninguna norma por asistencia a plenos, a juntas de gobierno o a comisiones informativas, tan dispares como los 600 euros que cobrará José Miguel Rodríguez Fraga por acudir unas dos horas a una junta de gobierno local de Adeje o los 70 que cobrarán los concejales de Candelaria por acudir a un pleno municipal que no suelen bajar de las cinco horas de duración.
Es verdad que la Ley recoge que sólo aquellos concejales que no tengan ni dedicación exclusiva ni parcial podrán recibir “asistencias” o dietas por acudir a las reuniones de los órganos de gobierno, pero no es menos cierto que habría que poner cotos a esas cifras que designan libremente los respectivos grupos de gobierno, como del mismo modo, para situarse dentro de la legalidad del número de liberados, se utilizan artimañas poco éticas como las de colocar portavocías a quienes no la ejercen para que pasen a cobrar de la administración de la que proceden y no del Ayuntamiento, como es el caso de Olivia Pérez, en Candelaria.
Y para rematar la faena, también tiene difícil justificación el régimen actual de dedicación parcial, porque se utiliza básicamente para cuadrar el número de liberados y en algunos casos resulta complicado discernir cuándo es una dedicación parcial al 75% o al 50%, o, como por ejemplo, Juan Carlos Armas, primer teniente de alcalde, puede cobrar 40.000 euros en Candelaria, mientras otros a tiempo completo cobran mucho menos. Por eso nos preguntamos quién le pone el cascabel a las dietas.