Preocupación y consternación. Eso es lo que en estos últimos días vivimos los que trabajamos desde Cáritas para atender a 60.000 personas en toda Canarias y 20.000 en Tenerife que viven bajo el umbral de la pobreza y en situación de exclusión social. Un reciente fallo judicial del Tribunal Supremo deja sin competencias al Estado para el reparto que regula las subvenciones a organizaciones del tercer sector, como ONG y otras entidades privadas de ámbito estatal y sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de interés general, porque invade competencias de las comunidades autónomas.
Esta sentencia, que da la razón a un recurso de la Generalitat de Cataluña, ya ha supuesto que se pierdan más de 10 millones de euros destinados a ayudas que concede el Estado para gastos de estructura y para mantener 7.500 empleos en España. Pero la situación se podría agravar aún más si el Tribunal Supremo dicta en septiembre una segunda sentencia que posiblemente anule los 250 millones de euros que se reciben de la recaudación de la declaración de la renta, de la casilla del 0,7% destinado a fines sociales.
Es el dinero con el que financiamos casi todos nuestros proyectos todas las organizaciones, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Cáritas Diocesana de Tenerife gestiona en la Isla unos 400.000 euros anuales procedentes de la recaudación solidaria del IRPF, sin los que nos veríamos obligados a reducir la atención en las casas de acogida para personas en situación de sin hogar, familias monomarentales, mayores, enfermos de VIH-Sida y otros, dentro de los colectivos más castigados por esta crisis. El hecho de que estas partidas las repartan directamente las comunidades autónomas supondría que muchas de ellas, con déficit en sus presupuestos, destinen ese dinero a temas sociales, pero no a los proyectos que gestionamos este tipo de entidades, y que garantizan la atención a los colectivos más vulnerables, especialmente a las personas en situación de sinhogarismo, que no cuentan con un respaldo económico ni familiar. Estamos hablando de que, sin ese dinero, no se podría atender a seis millones de personas en toda España, porque el 90% de estas ONG dependen de las subvenciones estatales. Personas, cada una de ellas, con un rostro y con una trágica situación que se ha empeorado en los últimos años.
Ya lo recordó el presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la que forma parte Cáritas, Luciano Poyato, quien ha dicho que estas entidades son las que atienden “a los antiguos afectados por la pobreza con las nuevas formas de pobreza”. Por eso, es necesario que el dinero siga llegando de forma equilibrada a todas las personas, independientemente de la comunidad autónoma donde residan. Esta sentencia del Tribunal Supremo supone romper el modelo creado hace 30 años de primar la cohesión social, es decir, de atender a las personas necesitadas sin tener en cuenta la comunidad autónoma donde vivan.
Para Cáritas, esta reforma da un paso atrás en la defensa de la cohesión territorial y social, porque la pobreza es la misma independientemente del lugar donde residen las personas en exclusión social que necesitan nuestra atención, no debe ser mejor ser pobre en Pamplona que en Canarias. Lo que se debe mantener es esa conexión con la realidad social, y con las necesidades de aquellas personas que más apoyos requieren para tener una vida digna.
El Informe Foessa correspondiente a 2014 ya denunció que no exista una política común a través de un Plan concertado de Prestaciones Básicas para garantizar la atención por igual a las personas necesitadas. Por tanto, este cambio en la distribución de la recaudación solidaria del IRPF tendría que haberse realizado en coordinación con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Racionalización del Régimen Local.
Desde Cáritas Diocesana de Tenerife y Cáritas Diocesana de Canarias trabajamos desde la realidad en el ámbito local, con las personas que verdaderamente necesitan el tipo de atención que les prestamos. Y el dinero que procede de la voluntad solidaria de la ciudadanía no sólo complementa al que destinan las comunidades autónomas, sino que es el que llega equitativamente a las entidades del tercer sector, como Cáritas.
Junto con la Plataforma del Tercer Sector, está trabajando Cáritas Española para mantener contactos con el Gobierno central y los grupos parlamentarios para buscar una solución urgente a este problema, que es fundamental para la cohesión social y la atención a las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión.
*Director de Cáritas Diocesana de Tenerife