Padecemos en España un elevado nivel de inflación Normativa, que vemos tanto en La Legislación Nacional, como la que en desarrollo de ésta o de sus propias competencias fabrican los 17 parlamentos autonómicos. Sumamos a ello la profusa normativa que, vía decretos, aumentan los propios gobiernos. Curiosamente, la mayor inflación se ha producido en estos últimos años, coincidiendo con el proceso de liberalización de servicios, donde se supone que estamos obligados a conseguir la máxima simplificación administrativa, para lograr un marco de “seguridad jurídica” que impulse el negocio.
Hoy razonamos el tema centrándonos en el desarrollo de las leyes de transparencia. La nacional se aprobó en diciembre de 2013 y la canaria en enero de 2015. Estas leyes de nuevo cuño tratan de incorporarnos en la que viene a llamarse gobierno abierto, que es aquel modelo de gobierno que se apoya en los principios de “transparencia, participación y colaboración ciudadana”. En este cruce vemos cómo “transparencia y corrupción” son términos opuestos. La corrupción se produce como efecto de un sistema que reparte mal el poder y la transparencia exige el gobierno abierto que la impide. Para verlo nos apoyamos en los ranking mundiales que miden el gobierno abierto y la corrupción. Para el primero usamos el Global Open Data Index, que realiza anualmente la World Wide Web Foundation y para la corrupción el de la ONG Transparencia Internacional, que también publica cada año. En el indicador Open Data de 2014. España se sitúa en el puesto 34 de los setenta países avanzados que analiza y en el indicador de corrupción en el puesto 37 de los 178 países de mundo en 2014. Existe en la comparación de ambos índices una similitud entre los países más transparentes que al tiempo son los menos corruptos y viceversa.
España, que es la catorceava potencia mundial en PIB, se encuentra muy atrasada relativamente en transparencia y corrupción, respecto al puesto en que debiera situarse. De ahí la apreciación social de ésta como problema singular. Los países del Sur de Europa abordan la solución a los problemas desde la inflación normativa, que en sí misma se opone a la transparencia y favorece la corrupción. Por el contrario los países anglosajones y nórdicos hacen pocas leyes de las de cumplir. España tiene una fábrica de leyes, inflacionada por las autonomías, que a su vez se revuelven territorializando las leyes básicas, con lo que de facto alteran sus contenidos.
La nueva Ley de Transparencia Canaria, en fase de implantación, ya tiene comisionado y presupuesto y reside en el Parlamento. También tenemos Defensor de Pueblo propio y Consejo Consultivo, donde volvemos a repetir por 17 los nacionales. Hoy es preciso poner en cuestión su propia existencia, como el despliegue de medios asociados. Caso singular el del Consejo Consultivo, convertido en un cementerio de elefantes. Madrid lo acaba de suprimir en su autonomía a instancias de ciudadanos.
Caminar hacia la transparencia y desarrollar un gobierno abierto no es cuestión de más leyes y cargos sino de contenidos y gestión. Alejándonos de su discusión en el marco normativo que criticamos, la transparencia efectiva se convierte en un poderoso vector de desarrollo. Sus factores añadidos de participación y colaboración entre lo público y lo privado, abren el campo de lo que hoy llamamos open data, donde podemos acceder sin limitaciones técnicas ni legales a la explotación de los datos públicos, a la gestión de los enormes volúmenes de datos públicos o privados que podemos tratar con las nuevas herramientas informáticas, la Big Data. Se abre así el camino de fórmulas mixtas de gestión consorciadas público-privadas, con grandes repercusiones sociales y económicas para la explotación y gestión de estos datos. La transparencia por ello es hoy una prioridad económica en toda sociedad abierta. Mucho camino a recorrer en Canarias.
*ARQUITECTO Y URBANISTA