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Atasco legal en Güímar

En algunos puntos, los agujeros causados tienen una profundidad de más de 80 metros. / DA
En algunos puntos, los agujeros causados tienen una profundidad de más de 80 metros. / DA

Más de una década llevan los vecinos del municipio de Güímar sin una solución para la recuperación ambiental de sus barrancos, que han sufrido una importante afección por las extracciones de áridos. Pese al entendimiento político sobre la necesidad de impedir legalmente la continuidad de las extracciones en la zona y la recuperación paisajística de esta, aún no se ha aprobado la norma al respecto. De hecho, el pasado viernes el Cabildo aprobó por unanimidad de nuevo -la primera vez fue en julio de 2014- el texto para la proposición de ley en este sentido, que será remitido al Parlamento. Esto se debe a que en la pasada legislatura la cámara regional no debatió el texto, lo que obliga, al haber una nueva composición, a repetir el procedimiento.

Una vez ha recibido el visto bueno del Gobierno insular, la Mesa del Parlamento deberá tomar en consideración la propuesta. “Lo hemos hecho a principios de mandato para que la Cámara tenga el tiempo suficiente para aprobar la ley”, aclaró el consejero insular de Planificación, Miguel Ángel Pérez, quien además señaló que espera que el debate se produzca en el primer año de legislatura.
Matizó que el documento aprobado ahora es similar al remitido el pasado año, el cual ya se había consensuado con las administraciones y colectivos implicados. Pérez recordó que el documento no solo sienta las bases para la prohibición de la actividad minera, sino también expresa la necesidad de la recuperación ambiental de la zona afectada y de darle el uso que los vecinos determinen. “Tenemos una deuda con Güímar, ya que este municipio se sacrificó para que el resto de la Isla pudiera crecer, puesto que gracias a los áridos obtenidos se ha podido construir”, aseveró el consejero.

Riesgo de avenidas

Pérez hizo hincapié en la importancia de trabajar, junto con el Consejo Insular de Aguas, en la adecuación del cauce de los barrancos, ya que “probablemente el puertito de Güímar sea uno de los puntos de Tenerife con mayor riesgo de avenidas de la Isla”. Una vez aprobada la normativa, se debe cambiar en el planeamiento el uso del suelo y derogar los derechos mineros, ya que ahora hay una empresa que cuenta con el consentimiento de explotación. El texto recoge que primero se dará un uso rústico de protección ambiental, para luego poder modificarlo en función de las necesidades del municipio. Paralelamente, también se debe resolver el trámite judicial, al igual que la determinación de las responsabilidades.

Ahora, una vez reiniciado este trámite legal, hay que esperar que a lo largo de estos cuatro años se pueda resolver un problema que lleva atascado demasiados años.

Once años a la espera de una solución

La Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar se muestra confiada en que en esta ocasión la norma propuesta por el Cabildo pueda ser aprobada por el Parlamento, ya que parece que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos. El presidente del colectivo, Juan Antonio Rodríguez, recordó a este medio que llevan ya 11 años reclamando la recuperación ambiental y la adecuación del cauce de los barrancos, siendo este último uno de los asuntos que más preocupa al colectivo. Rodríguez aseguró que en esta ocasión “hay tiempo suficiente” para poder aprobar la ley, aunque matizó que no se podrá invertir hasta que no se modifique la propiedad del suelo.

En cuanto al coste de la recuperación, recordó que en el juicio contra los areneros -que prevé que se pueda celebrar antes de final de año- se reclama en torno a 279 millones de euros, “aunque pensamos que la inversión necesaria pueda ser mayor, ya que hay que actuar también en el cauce los barrancos”.