Desde que entró en vigor el decreto regional que regula la actividad de los guachinches hace dos años, en la Isla se han dado de alta de forma legal en torno a 150 establecimientos, una cifra bastante reducida si se tiene en cuenta que previo a la norma se calculaba que existían más de 500 establecimientos de esta índole. Con el fin de seguir regulando la actividad, el Cabildo de Tenerife y el Instituto de Calidad Agroalimentaria del Gobierno canario han acordado la creación de una marca colectiva que agrupe a los guachinches, de tal manera que los negocios que cumplan con los requisitos exigidos cuenten con un distintivo específico.
El consejero insular de Agricultura, Jesús Morales, explicó a este medio que la marca colectiva permitirá proteger a los establecimientos que están legales y evitar que se haga mal uso del término. Además, la idea es diseñar un logo -el cual solo se podrá recibir en el Cabildo- que permita diferenciar a los guachinches que cumplen las normas, esto es, los requisitos del decreto. De esta manera, “supone una garantía para el cliente”, aclaró Morales. Asimismo, añadió que una vez creada la marca de calidad se pasará a realizar las acciones promocionales oportunas con vistas al turismo. El consejero señaló que entre ambas administraciones -en una reunión celebrada el miércoles- han llegado al acuerdo de optar por la creación de la marca colectiva en vez de registrar el término de Guachinche de Tenerife en el listado de marcas y patentes, como se barajó en un primer momento.
Esta marca se otorgará anualmente de manera que cada año, que es el período de inscripción obligatorio, además de ver la marca y logo, el consumidor podrá saber si es un verdadero guachinche y está legalizado. Todo ello según lo acordado entre las distintas partes, representantes de la restauración y de los guachinches y viticultores, que incluye el desarrollo de la marca y la ampliación del plazo de apertura hasta los seis meses. Para ello, el Cabildo volverá a solicitar una reunión con el Gobierno de Canarias con el fin de avanzar sobre la propuesta de cambio en el decreto.