Los abogados de Canarias adscritos al servicio de Justicia Gratuita, uno de los pilares del Estado de Derecho, solo han cobrado una cuarta parte de lo que le corresponde por su trabajo durante la primera mitad del año en curso. Así lo comunicó el propio Colegio de Abogados de Tenerife mediante una nota a sus asociados con fecha del pasado mes de julio. Ahora, fuentes de la misma institución y varios de los afectados confirman que la situación no ha variado desde entonces.
Cabe recordar que se paga por dos conceptos a los letrados adscritos al turno de oficio: las actuaciones y las asistencias, siendo el volumen de tales pagos muy similar. Pues bien, ni una sola de las asistencias de este año ha sido abonada a los letrados.
En principio la causa del retraso se ha fijado en que las justificaciones relativas a esas asistencias al detenido (también llamadas guardias) están siendo objeto de revisión por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, dado que han cambiado los criterios que deben aplicarse.
Tal cambio se debe a la sentencia del 3 de marzo de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, gracias a un recurso del colegio tinerfeño, anuló los recortes que el propio Gobierno de Canarias efectuó en la Justicia Gratuita de las Islas por una Orden fechada el 29 de julio de 2010 de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Precisamente esta sentencia mantiene en conflicto el sector, ya que si bien los responsables gubernamentales no han dudado en aplicar la sentencia al trimestre entonces en curso, en principio rechazaron la posibilidad de pagar lo que dejaron de cobrar los abogados de oficio durante el tiempo en que se aplicó la Orden ahora anulada. Como no podía ser de otra manera, el Colegio de Abogados de Tenerife (el único de las Islas que dio la batalla jurídica por este asunto) defiende que, al considerar el Supremo nula de pleno derecho la Orden en cuestión, el Ejecutivo tiene que pagar lo no abonado desde su entrada en vigor hasta ahora.
Por otra parte, varios letrados consultados entienden que el retraso también guarda relación con el cambio acaecido en el Gobierno de Canarias, si bien el viceconsejero de Justicia, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia en excedencia Pedro Herrera, se mantiene en el cargo. El principal relevo que se ha registrado en el organigrama es la incorporación como directora general de Relaciones con la Administración de Justicia de María Lourdes Quesada.
Sea como fuere, los abogados de oficio consultados denuncian igualmente que se ha convertido en costumbre que los pagos del último trimestre, que el Gobierno realiza al Colegio y que a su vez este reparte entre ellos, se demoren en el tiempo.
Por último es menester recordar que el empobrecimiento que sufre desde hace unos años algunas capas de la sociedad tinerfeña ha disparado la tramitación de solicitudes para la Justicia Gratuita. Así, durante el año pasado los beneficiarios de esta medida pasaron a ser 22.987 frente a los 17.458 registrados en 2013, lo que implica un aumento nada habitual del 26%.