Dámaso Arteaga: “Según la OCU, España está más sucia pero Santa Cruz está más limpia”

Foto FRAN PALLERO
Foto FRAN PALLERO

Está al frente de una de las áreas que más visibilidad tienen para los vecinos, la de Servicios Públicos. Limpieza, agua, cementerios, mercados, jardines, son algunas de las responsabilidades que gestiona Dámaso Arteaga (Santa Cruz, 1969) en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Ya lo hizo en el mandato anterior y asegura que el reto en este pasa por mejorar de manera sustancial el servicio de recogida de residuos y la limpieza, junto a reciclar más. Defiende, apoyándose en un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que, mientras la percepción es la de una España “más sucia”, en Santa Cruz la percepción es la de una ciudad “más limpia”.

-¿Cuáles son los retos que se marca para estos cuatro años?

“En el área de limpieza el principal objetivo será la renovación del contrato, una nueva licitación en la que ya estamos trabajando. Nuestra meta es recoger los residuos todos los días porque en estos momentos, en los barrios, no se recoge los domingos. A partir de ahí habrá otro objetivo primordial que es el de reciclar más. Necesitamos que el ciudadano recicle más”.

-En el último Pleno usted citó un informe de la OCU en el que se dice que la percepción de los vecinos de Santa Cruz sobre la limpieza había mejorado. ¿A qué cree que es debido ese resultado?

“Creo que el compendio de la vigilancia, las sanciones y la mejora en el servicio ha hecho que los vecinos tengan la percepción de una ciudad más limpia. Hemos emprendido una lucha contra acciones como las de dejar las cajas de cartón por fuera de los contenedores o la colocación de carteles en lugares no autorizados. También las actuaciones especiales de limpieza integral que se realizan cada semana han conseguido que la sensación de limpieza haya mejorado sensiblemente. Santa cruz es una de las ocho ciudades del informe de la OCU en la que mejora la percepción y lo hace en un entorno en el que la mayoría de las ciudades empeoran. La conclusión del estudio es que mientras la percepción es la de una España mas sucia, en Santa Cruz hemos conseguido mejorar la sensación de los ciudadanos respecto a una ciudad más limpia y eso lo hemos hecho con un contrato que llega a su fin”.

-¿El nuevo contrato implica más inversión?

“El resto es conseguir mantener la misma cantidad económica, mejorando la propuesta de servicio e incluiremos aspectos que hasta ahora no estaban y que hemos ido añadiendo durante la prórroga como por ejemplo la limpieza de las canchas deportivas. Se intentará que con el mismo dinero se den mejores prestaciones y será por el mismo tiempo de duración. Es el más costoso para el municipio y seguramente el más atractivo por lo que confiamos en que haya numerosas propuestas”.

-Otro de los servicios públicos que es de su competencia es el de Emmasa, ¿cuál va a ser el objetivo en el ciclo integral del agua?

“Principalmente va a ser el control sobre la empresa, vamos a mejorar nuestra capacidad para controlarla, articular un control del ciclo integral del agua en su totalidad, pero el objetivo para la ciudad de Santa Cruz no puede ser otro que el de conseguir la ampliación de la depuradora. El Estado tiene que financiar, responder y dotar ya en 2016 los recursos necesarios para licitar la obra”.

-El Estado ya ha dicho que la va a financiar…

“Ha dicho que lo va a hacer pero todavía no está resuelto este tema. Tiene que licitarse la obra, obligatoriamente en 2016, porque ese es el principal avance que va a tener Santa Cruz, el correcto tratamiento de la depuración de aguas residuales de la cuenca de la comarca. Es absolutamente fundamental. Ese va a ser el empeño número uno”.

-El Gobierno de Canarias exige que se amplíe ya la depuradora, sin esperar por el Estado e incluso amenaza con suspender el permiso a
Emmasa para que vierta al mar el excedente de Cabo Llanos…

“Lo que ha abierto el Gobierno es un expediente sobre el que se han presentado alegaciones. Nos ha pedido un plan de actuación para evitar las dificultades que se están teniendo para cumplir con la autorización y ya Emmasa lo está realizando. Pero lo que el Gobierno no nos puede pedir como Ayuntamiento es que financiemos una obra en un inmueble que no es municipal. Eso es potestad del Estado y el Gobierno de Canarias lo tiene que entender así”.

-La tarifa del agua se ha congelado a la espera de que Sacyr cumpliera con los compromisos de inversión. Una vez que hay acuerdo en ese aspecto ¿va a subir el agua?

“Eso depende de cada momento. Lo que es cierto es que hasta ahora se ha congelado el agua durante los últimos tres años. Los ciudadanos se han ahorrado una cantidad importante. En cualquier caso vamos a seguir mejorando el control sobre la empresa”.

-¿Sigue sin considerar la recuperación del servicio?

“La opción de resolver un contrato por incumplimiento supondría un coste para el Ayuntamiento en concepto de indemnización que según los informes se acerca a los 90 millones de euros. La resolución unilateral no cabe y para basarla en los incumplimientos, estos tienen que estar perfectamente acreditados y que sea causa de resolución contundente, no puede ser un incumplimiento sancionable de otra forma. La resolución debe ser lo último y no lo primero. Estamos en un terreno muy delicado a la hora de aventurarse a anunciar recuperación gratis del servicio”.

-Otra de las área sobre la que se comprometió a ejercer un control fue la de cementerios. ¿En qué punto está la auditoría?

“La auditoría se paralizó. Hay que volver a licitarla. Ha pasado el tiempo y ya no tiene vigor, lo razonable es volver a sacarla”.

-¿Se mantiene paralizado el cobro de la tasa de cementerios?

“Eso es algo que hay que resolver y abordar en este mandato. Lo lógico es que haya que reestructurar la tasa en cuestión?

-¿De qué forma?

“En estos momentos lleva a un concepto antiguo en el que paga todo el mundo, vamos a intentar reestructurar esa tasa”.

-¿Para que se pague en función de la renta?

“O en función de aquellas personas que tengan quizá el escalón más bajo en los servicios. No es lo mismo un nicho de restos que uno normal. Igual hay determinados servicios que podrían ser bonificados”.

-También en el mandato anterior inició el proceso para trasladar el Rastro…

“Es una de las asignaturas pendientes y esperamos que en el próximo trimestre podamos organizarlo. Nos hemos encontrado muchas resistencias a todos los niveles, sobre todo entre los titulares de los puestos, pero en el próximo trimestre esperamos abordarlo”.

-¿Cuál ha sido el principal inconveniente?

“Ha habido varios pero el procedimiento ha ido avanzado. Ahora se está tramitando la autorización individual de cada titular, en cuanto eso esté, abordaremos el cambio de sitio. El reparto de los puestos está avanzado sobre el plano, esa es la tarea de aquí a final de año”.

-En el área correspondiente al mercado, ¿hay alguna novedad?

“Estamos trabajando en una propuesta de mejora de la coordinación a la hora de la gestión. El Ayuntamiento tiene ciertas potestades y la cooperativa otros y no estamos siendo todo lo rápido que debiéramos en la toma de decisiones. Y vamos a intentar dar mas agilidad y mejorar el mercado entre todos con nuevas propuestas”.

-¿Se van a impulsar más mercados como el de La Abejera?

“Por ahora no. El planteamiento es luchar para que el mercado de La Abejera sea competitivo, es su principal reto, sacudirse la situación coyuntural. Por ahora esos son los objetivos”.

-¿Qué le falta para terminar de impulsarlo?

“Es un mercado pequeño que sabíamos que podía tener dificultades, de hecho solo se presentó una empresa para su gestión. Tiene que buscar su equilibrio entre oferta y demanda”.

-Ese equilibrio es el que también se busca en el transporte público…

“Efectivamente. En estos momentos tenemos el problema de que la demanda sobre el transporte público ha bajado. Nosotros hacemos un esfuerzo de 18 millones de euros para mantener un nivel de vehículos, jornadas, kilómetros y vía billete solo se ingresan cinco millones de euros. Se a esto se une el bajo porcentaje de ocupación de las guaguas, nos encontramos con ese desequilibrio. Tenemos que mejorar la gestión y hacer la guagua más atractiva al ciudadano. El camino es ese y seguir renovando la flota como hicimos este año con 20 vehículos nuevos”.

-En el caso del taxi, ¿cree que es un sector que está encaminado?

“Hemos sacado adelante la ordenanza y a partir de ahora todo lo que afecte al sector se va a trabajar con la Mesa del Taxi que tendrá una nueva configuración a partir de octubre”.

-¿Cuántas licencias más se van a retirar?

“La ratio que se ha pactado es de llegar a 732, por lo que nos queda un largo camino por delante. Creemos que, si el Cabildo colabora como hasta ahora, podremos alcanzar al final del mandato esa cifra. Es un colectivo que tiene muchas dificultades y desde la administración vamos a intentar ayudarlos como por ejemplo ofreciéndoles formación”.

-¿De qué tipo?

“Estamos planteando propuestas en ese sentido. Además de idiomas también queremos ofertar a nivel de usuario algunos aspectos que tienen que ver con la clientela y temas de formación relacionados con llevar su propia empresa porque hemos detectado que tienen dificultades de llevar sus propios números”.

-¿Le sorprendió la petición de amparo del personal de Servicios Públicos ?

“Mi objetivo siempre fue mejorar la respuesta del servicio. En cualquier caso es un tema que doy por zanjado porque así lo ha hecho la Junta de Personal”.

-¿Cómo afronta la imputación por la compra de la Casa Siliuto?

“No quiero comentar nada porque está en fase de peticiones por parte de los afectados. Aquello fue un decisión colegiada y no de gestión en la que todos los partidos apoyaron conforme al informe de intervención”.