EDUCACIÓN

Denuncian a la ULL por supuesta piratería en su campus virtual

El campus virtual de la ULL llegó incluso a estar inactivo durante unas horas el pasado martes. / DA
El campus virtual de la ULL llegó incluso a estar inactivo durante unas horas el pasado martes. / DA

Con más de 1.700 asignaturas en su campus virtual, la Universidad de La Laguna (ULL) lleva años apostando por el progreso y las aplicaciones tecnológicas en el ámbito educativo. Esta necesaria evolución, sin embargo, se ha topado ahora con un serio inconveniente, de una magnitud impredecible. Según confirmaron al DIARIO fuentes del Rectorado de la ULL, el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) ha demandado a la institución académica lagunera por una supuesta distribución de contenidos protegidos de sus asociados sin la pertinente autorización. La reclamación, que no especifica ni la cifra de publicaciones que habrían sido pirateadas ni tampoco la compensación económica que exige Cedro, es similar a la presentada contra otras universidades españolas, algo que vienen denunciando desde 2012 los rectores.

Cedro, que viene a ser como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en materia reprográfica, lleva casi 10 años intentando regularizar el uso que se hace de las obras de sus socios en los campus virtuales de las universidades españolas, ya que el sistema de fotocopias está regularizado mediante la licencia obtenida por el propio Cedro en 1998, después de un acuerdo con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), con el fin de que todas las instituciones académicas se suscribieran a él.
El problema surge con la incorporación de las nuevas tecnologías, ya que la mayoría de las universidades digitalizan partes de libros o volúmenes completos y artículos de revistas para ponerlos a disposición de los alumnos en las aulas virtuales. Para hacer esto, si son obras del repertorio de Cedro deben contar con su licencia, algo que en la práctica no ocurre, porque casi ninguna universidad dispone de esta autorización”. Por ello, el Centro Español de Derechos Reprográficos ha ido presentando reclamaciones a todas las instituciones académicas que supuestamente han pirateado publicaciones, como es el caso de la ULL.

Para evitar los litigios, algunos centros han llegado a acuerdos económicos con Cedro, algo que no descartan en la Universidad de La Laguna llegado el caso. De momento, y aunque reconocen la extrema gravedad del asunto -podría tratarse de una reclamación millonaria-, los responsables de la entidad lagunera están estudiando el tema y buscando un abogado especializado en propiedad intelectual, algo que tampoco es sencillo.

La confusión en la ULL tras conocer la reclamación de Cedro fue tal que incluso durante unas horas se cerró el campus virtual, que fue reabierto poco después. Y es que, a menos de un mes para que los alumnos se enfrenten a los exámenes de septiembre, y con la propia universidad cerrada por vacaciones, el aula virtual es un elemento imprescindible para toda la comunidad universitaria.

“Es imposible controlar todo lo publicado”

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Martinón, dejó claro que la institución académica “no ha estado haciendo un uso ilegal de la propiedad intelectual”. Sin embargo, Martinón sí reconoció que “es imposible controlar todo lo que se publica en las aulas virtuales, porque estamos hablando de una media de 40 asignaturas en cada uno de los 45 grados, unas 1.700 asignaturas con sus respectivos contenidos, que están disponibles en el campus virtual para los alumnos”. No obstante, el rector de la ULL confirmó que la Conferencia de Rectores (CRUE) está estudiando la posibilidad de crear una entidad similar a Cedro, para que se encargue de gestionar los derechos de propiedad intelectual de las universidades. El problema para la institución lagunera, en cualquier caso, no ha hecho más que comenzar, porque “solo hemos recibido una reclamación previa a la vía judicial, en la que no se especifican el número de publicaciones que estarían afectadas ni el dinero requerido por esos derechos”, destacó Martinón. “Es un tema confuso jurídicamente, porque hay normativa española y europea implicadas, en la que tampoco hay muchos especialistas en la materia”.