En absoluta o vigilada libertad o prisión atenuada, en su casa o en hospitales militares, dada su condición de general del ejército chileno, durante las cuatro largas décadas transcurridas desde el golpe de estado de 1973, jamás reconoció sus atrocidades ni pidió perdón o mostró el más mínimo arrepentimiento por la represión bárbara que dirigió sin clemencia. Distintas instituciones y comisiones especiales reconocieron cuarenta mil víctimas, entre asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, torturas, vejaciones y expropiaciones que, según sus declaraciones en sede judicial, ejecutó por órdenes directas del comandante supremo que, “en todo momento, mandó y tuvo cumplida cuenta de las actuaciones”. Cerrada hace unos días en una clínica de Santiago, la turbia biografía de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (1929-2015) está marcada por su estancia, en los años sesenta, en la Escuela de las Américas, patrocinada por el Pentágono y especializada en la lucha contra todos los movimientos revolucionarios en el Cono Sur; luego, y con méritos sobrados, entró en la lista de criminales de lesa humanidad aunque, ante los tribunales, siempre responsabilizó de todas sus acciones a su jefe Augusto Pinochet, que falleció sin una sola condena para vergüenza de la justicia universal. Jefe de la Dina, desde su formación y hasta su disolución en 1977, fue un destacado colaborador de la Cia -según reconoció la Agencia en 2000- y cerebro y jefe máximo de la Operación Cóndor que, con el apoyo estratégico de los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil globalizó el terrorismo de estado en América del Sur. Las primeras dificultades para el genocida aparecieron en 1976, cuando organizó en Washington un atentado con coche bomba contra Orlando Letelier, ministro que fue del gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende, que accedió al poder tras su victoria en las urnas. El escándalo internacional obligó a la administración americana de Gerald Ford a romper su relación con el siniestro personaje que, después de trampas legales y aplazamientos, fue condenado por primera vez en 1993 por este crimen. Luego se acumularon causas, recursos, dilaciones, sentencias y añagazas para no cumplirlas y, con la reprobación de sus compatriotas demócratas, cumplió los ochenta y seis años sin asumir sus abominables delitos y escudado en la secular infamia de “la obediencia debida” que, con tanta frecuencia y cinismo, invocan ciertos criminales.