El llamado catastro paralelo, una presunta trama criminal a la que se le acusa de cometer un sinfín de irregularidades durante al menos un decenio en la oficina provincial de dicho organismo, llegó a un nivel de impunidad y rutina tal que incluso estableció una suerte de menú en la que se cobraban determinadas cantidades según el trámite que requería el cliente de turno. Así se recoge en la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en la llamada operación Perceval, a resultas de la cual (y tal y como adelantó este periódico) se detuvo a los cinco supuestos integrantes de lo que los investigadores califican como grupo criminal, además de imputar a, al menos, otras 15 personas, entre las que figuran desde supuestos colaboradores del grupo a meros beneficiados.

Con respecto al menú de este catastro paralelo, que se detalla junto a estas líneas, permite adivinar la elevadísima facturación que pudo recaudar este grupo, ya que si bien en algún caso no cobraban al interesado por tratarse de familiares, por otra parte hubo alguno que pagó hasta seis veces el precio que ellos mismos preveían para la irregularidad de turno, siempre según la versión policial del caso.
Para aventurar sobre dicho cálculo (los investigadores siguen sin poder adelantar una cifra exacta del botín dado lo complejo del caso), hay que tener en cuenta tres factores: los precios que se cobraban, el intervalo de tiempo que estuvo activa esta trama y el volumen de operaciones habitual.

Apuntados los precios, veamos la cuestión del tiempo: este grupo operó al menos desde 2004 hasta prácticamente junio de 2014, cuando tuvo lugar la redada que permitió las primeras detenciones en la nueva sede del Catastro tinerfeño en la Delegación de Hacienda. Tal fecha de arranque es puesta en duda por uno de los detenidos, que curiosamente sostuvo ante los agentes que este tipo de operaciones al margen de la legalidad habían arrancado… antes. Concretamente en el año 2000.

El tercer factor es el volumen de operaciones, aún por dilucidar en la investigación. Sin embargo, un dato sí ha trascendido: los dos funcionarios detenidos coinciden en cerca de 200 operaciones en apenas dos años, concretamente entre 2010 y 2011. A este respecto es importante recordar un dato: uno de los funcionarios es el informático del catastro, que no tiene competencias en la tramitación administrativa por lo que no debería figurar en ninguno de esos expedientes. Pero como quiera que en todos sólo constaba la firma de la máxima responsable del Catastro, su actividad resultaba inadvertida. Visto lo complejo que resulta aventurar una cifra aproximada del botín, sí que se puede adelantar cómo se repartía el mismo, siempre según fuentes cercanas a este caso.

Como recordará el lector, los cinco componentes de la presunta trama tenían un reparto claro de funciones donde destacaban dos de sus integrantes. Por un lado estaba el informático, muñidor de la gran mayoría de expedientes supuestamente amañados; por otro uno de sus sobrinos, un agente inmobiliario cuya principal misión era captar clientes. Los otros tres eran otro sobrino, también agente inmobiliario, otra funcionaria del Catastro (pareja sentimental del informático) y un trabajador de una notaría lagunera.

El reparto de las ganancias era el siguiente: si el cliente lo conseguía el sobrino preferido, se repartía con su tío el informático las ganacias a partes iguales. Sin embargo, si el cliente lo captaba el de la notaría, éste sólo recibía un 10%, aunque las fuentes aludidas señalan que en el tramo final se le subió el porcentaje.

En cuanto a la otra funcionaria, al parecer cobraba según intervenía en mayor o menor número de expedientes. Sólo el hecho de contar con un menú de precios según la irregularidad da idea de hasta qué punto la sensación de impunidad tuvo que asentarse entre los implicados.
Como ya se adelantó en la edición del pasado sábado de DIARIO DE AVISOS, el boca a boca terminó siendo una de las principales fuentes de clientes para la trama, por lo que su existencia distaba mucho de ser un secreto en el sector inmobiliario tinerfeño. Pero hay otro dato que refuerza tal circunstancia: los implicados llegaron a citar a sus clientes en el exterior de la Oficina del Catastro provincial cuando ésta se encontraba en la prolongación de la calle de Ramón y Cajal, en Santa Cruz de Tenerife. Y en tales citas se efectuaban pagos, siempre según la investigación policial. En todo caso, tales pagos siempre se realizaban en metálico.
Pero la sensación de impunidad suele tornarse contra el que delinque: los correos electrónicos y especialmente los mensajes de WhatsApp figuran como pruebas del catastro paralelo.