Con el aval de su experiencia al frente de la Concejalía de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Alicia Álvarez González (1981) asumió hace poco más de un mes la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno regional. Por delante tiene la complicada labor de voltear la gestión de sus antecesores en dos áreas en las que Canarias está actualmente a la cola del Estado. No en vano, en prácticamente todas las estadísticas las Islas aparecen en el último lugar, unos registros que cuestiona la propia Álvarez y que han sido objeto de una investigación por parte de los nuevos responsables de la Consejería de Políticas Sociales. De todo ello dialoga con el DIARIO en esta entrevista.

-Casi a la misma vez en que usted era nombrada directora general, la viceconsejera de Políticas Sociales, Isabel Mena, confirmaba que se había abierto una investigación ante la “sorprendente” incorporación en Canarias de unas 9.500 ayudas a domicilio en enero de 2015. ¿Han obtenido ya algún resultado concluyente?

“Yo ya había visto esa estadística del Imserso cuando me incorporé, y es cierto que tuvimos que investigar qué ocurría, porque no acaban de cuadrar los datos. Había casi 9.500 personas que no nos constaba que tuvieran una resolución del PIA (Programa Individual de Atención), y todavía estamos viendo de dónde pudo salir ese error, si lo hubo, pero todavía no tenemos resultados concluyentes. He contactado con el anterior director y con el Imserso, y estamos aclarando el tema. Yo no tengo ningún interés en competir por las estadísticas, porque mi único interés es que se les llame a las cosas por su nombre. Si hubo algún error estadístico, habrá que aclararlo, porque queremos ser transparentes”.

[sws_pullquote_left]“Mi único interés es llamar a las cosas por su nombre y ser transparente”[/sws_pullquote_left]

-¿Y cree que esa incorporación al sistema pudo ser intencionada, para colocar a Canarias en una mejor situación?

“Sí que se puede prestar a esa interpretación, porque evidentemente hay unos datos que no se corresponden con la realidad, y es normal que uno piense que alguien ha intentado mejorar la nota. Por eso, hay que aclararlo, aunque lo importante son las personas que están ahí, que tienen reconocida su situación, porque son con las que tenemos que trabajar. Por supuesto que hago mías las manifestaciones que hizo la viceconsejera, y por eso estamos estamos trabajando para ver de dónde pudo partir el error, si lo hubo, porque es algo objetivo. Las intenciones, si se hizo de forma intencionada, son subjetivas, y serán otros los que tengan que explicarlas”.

-En cualquier caso, esto reafirma que desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia en Canarias, casi todo ha sido un desastre, y por eso estamos a la cola en todas las estadísticas, ¿no cree?

“Cierto. Esa es la realidad y es lo que me preocupa ahora mismo. Queremos poner a Canarias en otro puesto, aunque repito que no voy a competir sin más, porque lo que pretendemos es que los dependientes canarios que necesitan una ayuda tengan reconocidos sus derechos y se les presten unos servicios de calidad. El reto al que me enfrento es muy grande, aunque las razones por las que la Ley de Dependencia en Canarias no ha tenido la implantación que debía, son múltiples, desde distintos intereses a la propia madurez de la gestión, o el no haberla dotado de los recursos necesarios. Y, a día de hoy, el modelo no funciona, porque tenemos muchas personas que siguen esperando por una ayuda que todavía no se les ha ofertado, y todo esto hay que cambiarlo. En eso estamos trabajando”.

-Para llevar solo un mes son muchos frentes los que tiene abiertos…

“Bueno, la Ley de Dependencia en Canarias es como una madeja de hilo que tiene muchos nudos que hay que deshacer. Muchas instituciones están implicadas y están trabajando, pero no están ordenadas, y eso sí que es responsabilidad de la Comunidad Autónoma. De hecho, siento que ahora mismo soy la responsable de eso, y la que debe darle la vuelta a todo este sistema. Y esto pasa por empezar por nosotros mismos, por dotarla de más recursos humanos, de más presupuesto y, poco a poco, de coordinarnos mejor con todas las entidades que están haciendo un esfuerzo que no es suficiente. Tenemos que buscar el canal y la sintonía adecuada, y estoy segura de que lo vamos a conseguir. No va a ser algo rápido, porque hay muchas personas y problemas pendientes, pero lo vamos a hacer seguro”.

[sws_pullquote_right]“El Estado no cree en el sistema, y así se demuestra en los presupuestos”[/sws_pullquote_right]

-Usted llega además en un momento muy complicado, porque el Gobierno prácticamente ha derogado de facto la ley, al dejarla sin recursos ni presupuesto…

“El Estado no cree en el sistema de dependencia, y es algo que se ve en los presupuestos de los últimos tres años, en los que el recorte ha sido brutal, no solo a nivel económico, sino que no ha querido sacar adelante a aquellas comunidades que necesitaban ayuda. Los técnicos que están trabajando quizá sí creen en ella, pero no el Gobierno, porque no ha implementado medidas para ayudar a las comunidades a sacar el sistema adelante”.

-¿Y el Gobierno de Canarias tiene capacidad para sacarla adelante con sus propios medios?

“Creo que sí. Tenemos la capacidad de cambiar muchas cosas para mejorar el sistema. Es verdad que no lo podemos arreglar todo solos, pero podemos hacer mucho con nuestros medios, no solo económicos, sino con nuestra capacidad de organizarnos”.

-Más allá de las cifras y de todas esas personas que están esperando por el dictamen y por la prestación, quizá la realidad más sangrante es el elevado número de dependientes en Canarias que fallecen esperando por la ayuda. ¿Se va a poder cambiar esa situación?

“Por supuesto. Es nuestro principal objetivo, y así me lo ha encargado la vicepresidenta del Gobierno (y consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández). En mi hoja de ruta está acabar con esa lista de personas que fallecen sin recibir la prestación que necesitan, no solo porque mueren sin recibirla, sino porque además dentro de las causas de que no la reciba también está un empeoramiento de su calidad de vida por no tener los recursos y servicios adecuados. Y para eso estamos diseñando un plan de choque, que incluye más recursos económicos y humanos”.

-Otro de los problemas que subyacen de la aplicación de la propia ley es el tema de los cuidadores no profesionales, a los que el Gobierno central retiró la subvención a su cotización, lo que hizo que muchos se dieran de baja. Tanto a esos cuidadores como a las propias familias, ¿se les va a dar alguna solución?

“Para trabajar como cuidador hay muchas fórmulas, pero también requiere unos mínimos requisitos, que acredite que puede ofrecer el servicio que necesita la persona a la que ayuda. A nivel estatal ya están impuestos esos requisitos, pero tenemos que intentar que cada vez sean más accesibles a las personas, sin que eso suponga una merma de la calidad. También pretendo que se desarrolle una prestación vinculada al servicio, a través de la cual la persona dependiente podrá contratar el servicio que necesite, ya sea presencial, una ayuda a domicilio, etc. Y eso también es una formar de fomentar el empleo, porque el cuidador puede integrarse en la red laboral, y es una forma de generar economía”.

-En resumen, que cada dependiente tenga la atención individualizada que demanda, que es para lo que se creó la ley…

“Cada persona tiene un recurso específico por sus necesidades. A veces, el cuidador no reúne esos requisitos, especialmente en el caso de los grandes dependientes, que necesitan una atención más profesionalizada”.