Tal como poníamos de manifiesto en el artículo anterior, la desviación de los objetivos del déficit público, que inexorablemente se va a producir en la liquidación final de los presupuestos del 2015, provocará importantes recortes en los contenidos que configuran el Estado del Bienestar y en la inversión productiva. Es precisamente dicha desviación la que hace más irrealizables los presupuestos previstos por el Gobierno para el próximo año 2016. Asimismo, tanto o más preocupantes son los presupuestos de la Seguridad Social, más concretamente las previsiones de ingresos que realiza el gobierno.
Ya en los Presupuestos del 2015 para la Seguridad Social se habían evidenciado como irreales, cosa que se va poniendo de manifiesto con los datos acumulados hasta el día de hoy: los ingresos por cotizaciones sociales se preveía que crecieran al 8% y lo están haciendo al 1,3% en lo que va de año; una fantasía que se va a ampliar en el 2016, pues prevén un crecimiento del 7% adicional respecto de una cuantía global en la que se incluye ese utópico 8% de 2015. Esto supone que en el 2016 solo se recaudará el 90% de lo presupuestado como cotizaciones a la Seguridad Social, lo que implicará un desfase adicional, al que se va a producir este año, no previsto de 12.000 millones de euros que se tendrá que cubrir acudiendo al “Fondo de Reserva” de la Seguridad Social. Cabe recordar que el Gobierno ha utilizado 37.000 millones de euros de ese Fondo; es decir, casi la mitad de la cuantía con la que lo dejó dotado el último gobierno socialista. En el proyecto de presupuestos para el próximo año, se oculta un desfase en el presupuesto de la Seguridad Social de alrededor de 15.000 millones de euros, cuando se ha presupuestado un déficit solamente de 3.000 millones de euros y prácticamente, el agotamiento final del Fondo de Reserva de las pensiones para los próximos años. Se está llevando a la Seguridad social a una situación de riesgo por una política ciega, obsesionada en reducir el crecimiento de las pensiones y despreocupada por aumentar los ingresos. El año pasado nos dijeron que las cotizaciones aumentarían un 6,8%. A mitad de año tenemos un incremento de 1,32%, es decir solo el 20% de lo presupuestado, y ahora se presentan con una previsión de aumento de las cotizaciones de empresarios y trabajadores del 8,4% para el año 2016. Los pensionistas van a perder otra vez poder adquisitivo en el 2016 como ya les ha pasado entre 2010 y 2014; sea cual sea el indicador social que se utilice, el Gobierno de Mariano Rajoy va a dejar al país peor de cómo lo encontró. Con algunos datos laborales, actualmente hay 598.900 ocupados menos y 613.900 asalariados menos -calculados en empleo equivalente a tiempo completo- que en diciembre de 2011. La temporalidad se mantiene en los niveles de 2011 a pesar de que reducirla era un supuesto objetivo de la reforma laboral del PP, su estrategia para acabar con la dualidad laboral ha pasado por igualar en la precariedad, convirtiendo trabajo digno en precario.
Han aumentado los contratos a tiempo parcial forzados, con lo que ello supone de salarios por debajo del umbral de la pobreza y pensiones de miseria. Hoy solo reciben prestaciones cincuenta y cinco de cada cien parados; esto es, diez puntos menos que en el 2011, además de que más de la mitad de los que la cobran perciben solo el subsidio asistencial. Las principales víctimas de sus políticas son los mayores de cincuenta años; la reforma laboral ha facilitado su despido, no se les ofrece oportunidades de empleo, se reducen sus prestaciones y se les dificulta la jubilación anticipada. En 2016 se dedicarán a políticas activas de empleo el 30% menos que en 2011, cifrándose en la cantidad de 2.137 millones de euros; esto sin contar que una buena parte de estos recursos se dedican a bonificar contratos precarios y a financiar ETTs o empresas privadas de colocación. Los recursos destinados a “dependencia” se sitúan en 1.252 millones de euros, muy por debajo de los 1.498 millones de euros del año 2011. Esto mientras 470.000 personas que tienen reconocido su derecho a prestaciones de dependencia no la reciben por falta de recursos. Estos presupuestos además de antisociales son profundamente centralizadores, como se pone de manifiesto si comprobamos el recorte de los recursos que se destinan a las Comunidades Autónomas. Se fuerza una reducción del gasto sanitario de las Comunidades Autónomas provocando en consecuencia el aumento de las listas de espera y generando una sanidad en dos velocidades. Lo mismo sucede con la educación o con los servicios sociales que sufren un ajuste presupuestario de manera dramática e incidiendo en la pérdida de competencias de los ayuntamientos con una vulneración vergonzosa de la autonomía local. En suma, unos presupuestos falsos y antisociales.
*DIPUTADO SOCIALISTA