El Pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos aprobó por unanimidad esta semana instar al letrado que está llevando la cuestión judicial del Mariposario del Drago, Antonio Domínguez Vila, que solicite al juzgado “de forma urgente e inmediata y en el mes de agosto”, por razones de interés general del municipio, las medidas cautelares necesarias que permitan levantar el precinto de la instalación.

El nuevo equipo de gobierno icodense reiteró que está trabajando en posibilitar una respuesta “rápida y legal” a la “insostenible situación” que vive la localidad en relación a la clausura temporal del Mariposario del Drago. En este sentido, el alcalde icodense, Francis González, apostó por el “diálogo” y la “eficacia” a través de los cauces legales con los que cuenta la administración local. Por ello, señaló que se han encargado ya a los técnicos del ayuntamiento los correspondientes informes sobre la instalación turística, “a fin de determinar si afectan o no a la resolución del conflicto judicial en el que se haya inmerso el Mariposario”. González subrayó que “desde el consistorio haremos todo lo que esté en nuestras manos para solucionar de una vez por todas un problema que se ha dilatado en el tiempo y que afecta negativamente a la imagen de nuestro pueblo”. No en vano, días después de la constitución del nuevo grupo de Gobierno, se retiraba la custodia policial permanente de la instalación, una vigilancia de 24 horas ordenada por el antiguo gobierno, que según Francis González “ha supuesto un gasto económico y de servicios que ha ido en detrimento de los verdaderos intereses ciudadanos”.

Hay que recordar que el pasado mes de junio el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife desestimaba el recurso presentado por la empresa propietaria del Mariposario contra la denegación de la solicitud del aplazamiento del pago de los casi 442.000 euros que le reclama el consistorio icodense.

Incongruencia

Esta sentencia judicial considera que no hay razones para aceptar el recurso contencioso administrativo planteado por la empresa contra el consistorio por negarse a permitir el pago aplazado por la ejecución subsidiaria de la redacción del proyecto de adecuación del edificio del mariposario, presupuestado en 13.266 euros, y por el presupuesto de ejecución de esas obras, valoradas en 428.667 euros.

El juez dice textualmente en su sentencia -sobre la que cabe recurso- que “se observa en la demanda un totum revolutum y una desconexión o incongruencia entre los motivos de impugnación por ser incompatibles con el contenido del acto recurrido”. Añade además el magistrado que “una vez aprobadas las liquidaciones, estamos en apremio sobre el patrimonio, mediante un procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva, que es una fase autónoma que se rige por disposiciones tributarias, no por la normativa de urbanismo”.