Recibir alimentos de una entidad benéfica se va a convertir en una tarea harto complicada. Eso es, al menos, lo que se vislumbra tras aumentar los requisitos impuestos por el Gobierno central para poder participar en el antiguo programa de ayudas del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) -ahora llamado Fondo de Ayuda para las Personas Desfavorecidas-, que se desarrolla a través de los distintos bancos de alimentos que hay en nuestro país.
No en vano, desde el Banco de Alimentos de Tenerife (Bancoteide) confirmaron al DIARIO que estos nuevos requisitos y el escaso plazo dado por el Gobierno para poder acceder al programa de este año (menos de tres meses), han hecho que la ONG pierda 27 entidades colaboradoras, lo que supone más de 6.500 beneficiarios menos que en 2014. De hecho, de las 121 entidades registradas el año pasado
-que asistieron a un total de 25.356 personas-, solo 94 completaron su inscripción para el programa de 2015, que según datos de Bancoteide llegará a 18.808 usuarios de la provincia.
Entre los nuevos requisitos exigidos que deben cumplir las asociaciones están, por ejemplo, la exigencia a todos los beneficiarios de un documento de derivación firmado por un trabajador social, público o privado, que incluya además el total de personas que reciben la ayuda familiar, con sus documentos de identidad en vigor y explicando si concurre alguna circunstancia especial. De igual modo, el usuario debe entregar a la entidad este volante de derivación, lo que servirá para confeccionar un listado de usuarios, donde se tiene que detallar el número de personas desfavorecidas a las que atenderá el programa, desglosado en los siguientes grupos de edad: de 0 a 2 años, de 3 a 15, de 16 a 64 y a partir de 65 o más años. Debe indicarse también el número de mujeres, personas con algún grado o tipo de discapacidad, inmigrantes y personas sin hogar. Por último, la entidad benéfica está obligada a presentar al banco de alimentos una solicitud cumplimentada y un informe de viabilidad.
Desde el Gobierno explican que estos nuevos requisitos derivan de una instrucción de la Comisión Europea, que impone la obligación de “garantizar que estos alimentos llegan a quienes lo necesitan” y que estas personas reciben además otro tipo de atención, pues, como recalcan desde el Ejecutivo, “no se trata solo de dar asistencia, sino todo un acompañamiento a quienes están en situación o riesgo de pobreza. Este es el motivo principal por el cual quienes se beneficien de estas ayudas deben acreditar con un informe de Servicios Sociales que lo necesitan, un requisito que no se exige en otros programas de ayuda alimentaria no financiados directamente por la UE. Por ende, los beneficiarios deberán tener información sobre todos los recursos sociales que están a su disposición y disponer de medidas complementarias, a poder ser derivadas de los servicios sociales de su municipio, o participar en un programa de inserción sociolaboral.
“Sin duda, creemos que la reducción de entidades y beneficiarios se debe a los nuevos requisitos que se han puesto para este año, y no a una disminución producto de la mejoría de la crisis económica, que sigue afectando a miles de familias en Canarias”, subrayan desde el banco de alimentos tinerfeño, donde recuerdan que en la primera fase del reparto de este nuevo fondo social se distribuyeron 380.776 kilos, que fueron repartidos entre el 15 de junio y el 5 de julio. Los alimentos que se dispensaron fueron, fundamentalmente, arroz, tarritos de compuestos infantiles, cereales, leche de continuación, garbanzos, leche entera UHT, aceite de oliva, conservas de atún, pasta tipo espagueti, tomate frito en conserva, crema de verduras deshidratada, galletas y judías verdes en conserva.
Tres fases de reparto entre 2015 y 2016
– Del nuevo Fondo de Ayuda Europea para las Personas Desfavorecidas, España recibirá 563,4 millones de euros hasta 2020. Este fondo, que nuestro país cofinanciará hasta llegar a los 665 millones, está destinado a ayudas en alimentos y reemplaza al que tradicionalmente gestionaba el Ministerio de Agricultura para dotar de comida a los bancos de alimentos, que a su vez reparten entre familias con dificultades productos básicos como la leche o el arroz.
– La resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que establece los nuevos requisitos para las entidades benéficas señala que, para el programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas de 2015 se ha estimado un importe para compra de alimentos de 110 millones de euros (IVA no incluido). El suministro de los víveres se realizará, previsiblemente, en tres fases, dos de las cuales se harán este año y una en el primer trimestre de 2016, con una distribución de alimentos de aproximadamente el 70% en 2015 y del 30% restante, el año próximo, según indican desde el departamento que dirige Isabel García Tejerina.