La política suele ser una fuente inagotable de fenómenos difíciles de entender y más difíciles aún de asimilar. España empezó esta semana con la noticia de que el gasto turístico ha remontado hasta alcanzar los 28.287 millones de euros. Abren la lista por ingresos percibidos Cataluña y Canarias, paradójicamente las dos únicas comunidades donde voces significadas de la nueva política han hecho amago de poner topes al crecimiento e incluso limitar el número de viajeros que caben en los respectivos territorios. La primera fue Ada Colau, la nueva alcaldesa de Barcelona, cuyo Ayuntamiento ha apostado por una moratoria turística cuyas llamaradas, en términos de polémica empresarial y periodística, son visibles desde toda España. El segundo, el nuevo presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que todavía tendrá que esmerarse mucho en el intento de explicar qué se le pasaba exactamente por la cabeza el día en que declaró a El País la conveniencia de poner en las Islas “un tope de millones de turistas”.

Dicen los veteranos de la política que una mala frase es aquella que te obliga a dar muchas explicaciones. Y es lo que le ha ocurrido a Clavijo tras el terremoto que desencadenaron sus palabras. Ni él ni su entorno han dejado desde entonces de dar explicaciones, algunas de ellas basadas en declaraciones de obviedades tales como que Canarias ya tiene instrumentos regulatorios que ponen límite al número de camas. Una de estas últimas aclaraciones del presidente se produjeron el lunes, justo después de la cumbre que mantuvieron él mismo y el ministro del ramo, José Manuel Soria. Allí, Clavijo volvió a asegurar que sus palabras no tenían por objeto “en ningún momento la defensa de una limitación de la entrada de turistas”. A su lado, Soria fue muy diplomático: a sabiendas del campo minado en que Clavijo se había metido semanas antes, eludió por completo cualquier riesgo de hurgar en la herida y se limitó a subrayar que el mundo va camino de mover cada año 1.800 millones de turistas y que la clave será aumentar la competitividad, el valor añadido y la digitalización de los destinos. Fernando Clavijo no ha cesado de invocar desde el minuto uno de su mandato la necesidad de otorgar a su Gobierno cien días de confianza. Lo que querrá decir que habrá que esperar a que él y sus altos cargos empiecen a concretar y desmenuzar qué quiere decir exactamente eso de reflexionar sobre el futuro de Canarias como destino turístico para luego sacar conclusiones sobre si era competitividad o un modelo aún más sofisticado y restrictivo de moratoria lo que evocaban sus palabras. Pero de momento, quizá convenga detenerse en algunos detalles, como la reunión que a instancias del presidente acogió Lanzarote este viernes para sentar en una misma mesa a representantes de las organizaciones patronales de hoteleros y de agricultores, ganaderos y pescadores.

Anima a Clavijo la sana pretensión de invitar a los empresarios del turismo a surtir sus despensas con producción agrícola, ganadera y pesquera netamente canaria y tirar así del alicaído peso del sector primario de Canarias en el PIB. Sí, un buen propósito. Incluso a pesar de las muchas preguntas sin respuesta que se apilan tras él, por las más que evidentes limitaciones del sector primario no ya para alimentar a 12 millones de turistas, sino siquiera a 2 millones de residentes en Canarias. Sin embargo, mientras pasan los cien días de confianza, hay otros epifenómenos mucho más difíciles de comprender, sin salir siquiera del análisis de la interacción entre el turismo y el resto de la economía y dejando a un lado como algo que todos entendimos mal la pretensión de poner un límite a la entrada de turistas. Y ese algo no es otra cosa que la propia estructura del Gobierno, cuyas variaciones y ampliaciones del número de altos cargos respecto al Ejecutivo precedente daría como poco para media docena de artículos como este. Según el último informe de Exceltur, el turismo representa en Canarias algo más del 31% del PIB, ocupa a 274.000 personas (casi 36 de cada cien) y abona un tercio de los impuestos que se pagan en las Islas. En contraste, el sector primario tiene un peso insignificante de en torno al uno por ciento que, además, no deja de caer: frente a los 13.000 millones del turismo, todo el sector primario junto apenas llega a los 500. ¿Tendría que tener eso una lógica correspondencia en la estructura del Gobierno, conforme al vigor que muestra en estos momentos la locomotora del Turismo? Pues bien: resulta que el nuevo Gobierno de Canarias dedica al turismo, dentro de una misma consejería, una viceconsejería y dos direcciones generales, una menos de las que asigna a Cultura, agregada a la Consejería de Turismo con el argumento de que “por ahí afuera” también se unen Turismo y Cultura porque esta última es un polo potencial de atracción de visitantes. ¿Y qué ocurre mientras tanto con el sector primario? Pues que ahora tiene cuatro direcciones generales (de agricultura, de pesca, de ganadería y de aguas), es decir, el doble que Turismo propiamente dicho. En síntesis: Turismo, 2; Cultura, 3 y sector primario, 4. Y si alguien encuentra una explicación mínimamente razonable, que se haga la luz sobre este poltergeist.
@teresacardenes