El miércoles se cumplió un año desde el cierre de la piscina municipal cubierta de Tasagaya, una moderna instalación inaugurada dos años antes y que ha causado un grave perjuicio a sus más de mil usuarios.
Después de varias negociaciones con la empresa concesionaria, la UTE Cedaga-Olano, que cerró la instalación de manera unilateral al asistir según ellas diversas anomalías en la piscina, el Ayuntamiento de Güímar decidió secuestrar el servicio, pendiente de que la Justicia decida sobre el contencioso entre concesionaria y Consistorio.
Tras varios intentos baldíos por abrirla -después de Reyes o en Semana Santa- finalmente la instalación tendrá las puertas abiertas el martes día 15, según anunció este periódico hace unos días, aunque en realidad la actividad no se podrá reanudar hasta que el mes de octubre.
El retraso se debe a que el Ayuntamiento tiene que asumir a los trabajadores con los que contaba Cedaga-Olano, para lo que ayer ya hubo una reunión de los trabajadores y la abogada de éstos con representantes municipales para dar cobertura legal a su nueva situación laboral.
Una vez subsanado este proceso, la piscina de Tasagaya reabrirá al público todos los días, tras la inscripción correspondiente de los usuarios, a muchos de los cuáles se les ha devuelto el dinero que la concesionaria había cobrado por adelantado. Además, la apertura de la piscina por parte del Ayuntamiento le costará a este 200.000 euros anuales, según se recoge en los presupuestos del presente año, unas cuentas que han sido impugnadas por Sí se puede y un particular, por lo que será necesario un pleno extraordinario la próxima semana, para desestimar esas alegaciones.
Javier Mederos
El presupuesto ha sido obra del nacionalista Javier Mederos, que en contra de lo que había dicho tras la firma del pacto PP-CC la alcaldesa Carmen Luisa Castro, seguirá siendo concejal de Hacienda después del 15 de septiembre, “porque no lo ha hecho mal”, afirmó. A los nacioanalistas se le había ofrecido cambiar la Concejalía de Hacienda por Cultura y Fiestas.