POLÍTICA

CC.OO. y UGT buscan en Canarias 35.000 firmas para la renta básica

Calderilla presupuestaria es lo que piden las dos centrales sindicales mayoritarias para regular las calderas de los dos millones de personas que en España carecen de recursos de supervivencia. En Canarias hay unos 52.000 hogares en los que no entra ningún tipo de ingreso. De ellos, 15.000 atienden a menores de edad. El lunes comenzó una campaña nacional de recogida de firmas -se necesitan al menos 500.000- para llevar al Congreso una iniciativa legislativa popular destinada a establecer una renta mínima de 426 euros mensuales para los desempleados que perciban menos de 5.800 euros al año.

La operación de “rescate ciudadano” se activó ayer en el Archipiélago. Fue presentada por los secretarios generales en las Islas de CC.OO., Carmelo Jorge, y de la UGT, Gustavo Santana, durante una rueda de prensa en la que se fijaron el objetivo de alcanzar los 35.000 avales en Canarias. Los impresos están disponibles en las sedes de estas organizaciones, en centros de trabajo y en puestos que se irán instalando en las calles bajo el lema ¡Yo firmo! Es de ley.

Tal como han explicado sus promotores, esta ayuda se configura como un derecho subjetivo. Eso significa que estaría fuera del nivel no contributivo de la Seguridad Social. La renta básica se financiaría a través de los Presupuestos Generales del Estado, mediante una partida de 11.000 millones de euros: el 1% del Producto Interior Bruto (PIB).

“No no es ningún lujo”, respondió Jorge a “los que se llenan la boca hablando de recuperación económica”. En su opinión, con un sistema fiscal equitativo hay “margen suficiente” para hacer viable esta propuesta. Santana apuntó la intención de convertir en una garantía permanente y extender la cobertura del plan Prepara, que otorga una subvención de 2.400 o 2.700 euros por parado en 6 pagas de 400 o 450 euros, al tiempo que se presta una formación labor.

“Este proceso está forzado por la falta de acción de las fuerzas políticas, y en particular del Gobierno”, dijo en Madrid el líder de Comisiones, Ignacio Fernández Toxo, en un acto al que, junto a Cándido Méndez (UGT), asistió la ministra de Empleo, Fátima Báñez. La representante del Ejecutivo de Mariano Rajoy reconoció que el sistema de protección social español es “desigual”.

En el marco de la concertación canaria, para CC.OO. y UGT va a ser una prioridad que las cuentas autonómicas de 2016 amparen a esas familias que están a la intemperie. “No toleraremos fraudes como el de la PCI”, remachó Carmelo Jorge.