Una secretaría general técnica del Gobierno de Canarias ya acumula hasta 148 días sin dar respuesta a la solicitud de información realizada desde la Oficina del Defensor del Pueblo, tal y como consta en la página web del referido organismo. En total son tres los ejecutivos autonómicos a los que advierte esta institución por el entorpecimiento en la realización de su labor, ya que junto a Canarias figuran Cantabria y Castilla La Mancha, aunque por retrasos inferiores.
Estas advertencias son un paso previo a la presentación de una denuncia por un posible delito de desobediencia en su variante de incumplimiento de la obligación de colaborar con determinados órganos como el Defensor del Pueblo, para el que el Código Penal prevé penas de entre seis meses y dos años de suspensión de empleo o cargo público.

Denuncia en 2013

El Gobierno de Canarias conoce perfectamente el mecanismo ya que en el informe de 2013 fue denunciado por esta causa. En concreto se denunció a la entonces Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Viviendas de Canarias por no facilitar información relacionada con el reconocimiento de la situación de dependencia. Curiosamente, la Consejería era reincidente porque en 2012 ya fue apercibida por no dar información sobre el grancanario Centro de Acogida de Menores Extranjeros El Fondillo y sobre solicitudes de ayuda por parte del Instituto Canario de la Vivienda.

En el caso actual sólo ha trascendido que el entorpecimiento es debido a la falta de respuesta de la Secretaría General Técnica de la ya extinta Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. La web del Diputado del Común no especifica cuál de esas tres áreas está implicada. Hoy se reparte en tres consejerías distintas en el organigrama regional.

Mejoran los ayuntamientos

En la web del Defensor del Pueblo figuran igualmente como apercibidos un total de 21 ayuntamientos, pero en esta ocasión ninguno es del Archipiélago. Ello implica un claro aumento del grado de colaboración por parte de los entes locales de las Islas, por cuanto el Ayuntamiento de Teguise llegó a ser denunciado en 2013 mientras que varios municipios evitaron la denuncia al responder en el tercer y último requerimiento. Así ocurrió con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a quien se solicitaba información acerca de los olores provocados por la refinería de petróleo”, realizándose el tercer requerimiento el 19 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento de La Orotava (mala conservación de un solar), Tacoronte (molestias generadas por una explotación ganadera irregular) y Telde.