En un Gobierno de Canarias renovado a fondo, su nombramiento como consejero resultó ser de lo más llamativo, a pesar de que ya era director general de Función Pública en el anterior. La entrevista, centrada en conocer sus planes de actuación, permite vislumbrar a la personalidad de este funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma, padre de dos hijos y siempre en funciones relacionadas con el mismo área de trabajo. Afronta una legislatura sin duda clave en su andadura como servidor público. Desde luego, Aarón Afonso (Puerto de la Cruz, 1977) tiene claro que debe cambiar unas cuantas cosas…
-Es usted nuevo en el Ejecutivo regional ¿Por dónde pasan las líneas de actuación de su departamento?
“Como es lógico, por lo acordado en el pacto para la gobernabilidad suscrito por el PSOE y Coalición Canaria: se prioriza a las personas con un impulso a la creación de empleo, a la lucha contra la discriminación y contra la pobreza”.
-¿Cómo traduce tan loables objetivos al área que ahora dirige?
“Por ejemplo, algo prioritario para esta Consejería es la lucha contra la corrupción. En estos años se ha producido un claro alejamiento de la ciudadanía respecto a la clase política e incluso hacia las administraciones públicas y debe corregirse. Lo haremos básicamente a través de dos vías: la transparencia, para que la ciudadanía pueda acceder a la información de forma clara, y por otra parte impulsar un Estatuto de miembros del Gobierno y de altos cargos, objetivo que será cumplido en esta misma legislatura”.
-¿Qué se incluirá en ese estatuto de altos cargos y miembros del Gobierno?
“Pues por ejemplo un código de conducta que por un lado fijará los requisitos para acceder a esos cargos públicos y por otro lado los deberes, responsabilidades e incompatibilidades a los que deben estar sujetos”.
-Sobre transparencia ya hay cierto camino andado…
“Así es. Durante la anterior legislatura se aprobó la Ley de transparencia y acceso a la información pública, que además se aprobó de forma unánime, y ahora toca desarrollar esa ley y profundizar en la apertura de datos. También ya está puesto en marcha el Portal de transparencia y se nombró a un comisionado que depende del Parlamento de Canarias y tiene que velar por estas normativas”.
-¿Considera esas herramientas suficientes?
“La ley canaria de transparencia da un paso más que las demás. Con un desarrollo adecuado espero que sirva para devolver esa confianza perdida ya que, marcando con claridad las reglas, la ciudadanía comprenda que no estamos sujetos a decisiones partidistas o a presiones de lobbys”.
-¿Opina que mejorar la participación ciudadana es otra herramienta para recuperar esa confianza perdida?
“Por eso es otro eje de actuación previsto. Hay que avanzar en la ley aprobada en 2010 para reforzar la colaboración de la administración autonómica con las asociaciones, sean ONG, colegios profesionales y en definitiva cualquier colectivo”.
-No es la primera vez que se anuncia un interés por mejorar la participación ciudadana pero la mayoría de las que han llegado al Parlamento de Canarias ni siquiera se han debatido.
“Sin duda este tipo de proposiciones de ley impulsadas con iniciativas populares deben merecer el máximo de los respetos. En la anterior legislatura se aprobó la Ley canaria de Educación, que tiene como origen una de estas iniciativas, Pero comparto que cualquiera que llegue al Parlamento debe al menos debatirse y trabajarse en ella. Y si no puede tramitarse, explicarse claramente a la ciudadanía el por qué”.
-¿Entiende que buena parte de la fortuna que pueda correr esos objetivos tan ambiciosos como los que usted señala pasa por saber comunicarlos a la ciudadanía?
“Es importante y además en todos los ámbitos de la acción del Gobierno. No podemos permitirnos el lujo de que la ciudadanía piense que la estructura gubernamental, que hasta la última comisión que se crea tiene repercusión en las personas, en la mejora de su calidad de vida. Es nuestro objetivo fundamental”.
-Estatuto de miembros del gobierno y altos cargos, desarrollo de la ley de transparencia… ¿No son leyes que deben contar con un consenso cualificadamente mayoritario del Parlamento?
“Cuanto mayor consenso tengamos mayor recorrido tendrá. Y son normas claves. Por supuesto que buscaremos esos acuerdos”.
-Vistos los planes para los directivos… ¿Tiene algún proyecto en relación con el funcionariado, con el empleo público en general?
“Sí. Desde que se aprobó el Estatuto del empleado público en el año 2007 se estableció un marco genérico de cuáles deben ser sus relaciones con la administración. Como quiera que la actual Ley de Función Pública data de 1987, consideramos que ya es tiempo de impulsar una nueva ley”.
-¿En qué mejorará esa nueva ley de función pública a la actual?
“Se incidirá en muchos aspectos. Es necesario regular el personal directivo profesional, poner en marcha la evaluación del desempeño de los empleados públicos en el marco de un nuevo modelo de sistema retributivo donde no sólo prime el compromiso que evidentemente tienen en el desempeño de sus funciones sino que además se incentive el rendimiento dado en el mismo. También se debe de dotar de un marco que permita los procesos de funcionalización en la administración pública ya que tanto la Constitución como el Estatuto básico apuesta porque principalmente el personal de servicio de la administración pública sea personal funcionario y nosotros tenemos un importante componente de personal laboral que, cumpliendo los requisitos de la norma, deben poder entrar en esos procesos de funcionalización”.
-Es llamativo ese objetivo de que el empleado público cobre también por lo que produce. ¿Podría profundizar en ello?
“Es importante que con el diseño que tenemos del empleo público pongamos en marcha medidas que permitan que el sistema retributivo que perciban los empleados públicos esté también ligado al rendimiento que ofrecen. Hoy por hoy es complicado porque esas retribuciones están ligadas a los desempeños que se dan pero hay que dar paso a la evaluación de esos desempeños”.
-¿Cómo se evaluaría ese rendimiento en el empleo público?
“Como demandan muchos funcionarios: sólo puede hacerse con criterios lo más medibles que se pueda y que eviten componentes altos de subjetividad. Que lo importante sean los elementos objetivos en esa evaluación”.
-¿Para cuándo la paga extra que falta por cobrarse?
“Canarias siempre quiso abonar la parte de esa paga extraordinaria que no se cobró en 2012. Buena prueba de ello es que se trata de la primera comunidad que consignó esas cantidades en los presupuestos de 2014, lo que permitió abonar en abril de ese año la parte proporcional que por error jurídico no tuvo en cuenta aquel real decreto del Gobierno central. Algo parecido ocurrió con el personal de Justicia, y se abonó íntegramente en diciembre de ese año. Ahora, en clara medida electoral, contempla en otro real decreto que aquellas comunidades que cumplan el plan de estabilidad presupuestaria y tengan disponibilidad podrán abonar este año y el próximo esa paga extraordinaria. Desde el Gobierno de Canarias entendemos que es un derecho que se hurtó a los empleados públicos en diciembre de 2012 y se está trabajando en saber cuál es el coste de ese 26% restante y cuánto ese 50% para 2016. Hay dificultades añadidas: Canarias no tiene estatuto de autonomía de última generación y no puede usar un real decreto sino pedir un crédito extraordinario que habrá que tramitarse en el Parlamento. Además para el año que viene está la reducción del objetivo del déficit y la imposición de la regla del gasto…”.
“No tengo carné, pero estoy con los trámites”
La noticia surge cuando se aborda la parte más política y personal de la entrevista. Al recordar al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, que junto a su colega al frente de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, son los únicos independientes del Ejecutivo, responde: “No tengo carné del PSOE, pero eso no significa que no esté en trámites de obtenerlo”. No es cuestión baladí tal militancia, ya que Aarón es hijo de Francisco Afonso, una de las principales figuras políticas que ha dado el socialismo canario, tristemente fallecido en 1984 durante el incendio forestal de La Gomera siendo gobernador civil de la provincia y alcalde del Puerto de la Cruz.
En cuanto a las razones por las que entiende que ahora sí debe militar en el PSOE, el consejero explica que “al aceptar una responsabilidad de estas características lo coherente es comprometerse políticamente con el partido”.
Avisado “unos días antes” del nombramiento por la hoy vicepresidenta Patricia Hernández, Afonso llega a un cargo de este nivel “por un proyecto del partido socialista plasmado en el acuerdo de gobernabilidad, que prima a las personas como objetivo del Gobierno. Me ilusiona este reto de trabajar por más empleo y menos pobreza”.
La herencia paterna
Sobre la figura de su padre, un político particularmente reconocido tanto a nivel provincial como regional e incluso nacional, Aarón explica que “lo vivo con naturalidad; hace muchos años ya pero claro que una experiencia tan trágica me ha marcado. Para mí, ser hijo de Paco Afonso es un orgullo, fue un referente en el Puerto de la Cruz en un momento histórico tan importante como la transición y marcó líneas clave en el desarrollo turístico de la ciudad que aún siguen vigentes, pero siempre con atención a lo social. La gente le quería, me lo siguen recordando cada día”.