Hace varios meses, la secretaria general de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez, sucumbió a la querencia anticlerical de cierta izquierda española. En una entrevista periodística manifestó que en su formación política todo lo deciden los ciudadanos, y que si se llegase a plantear la prohibición de la Semana Santa, serían ellos los que decidirían. Como era de esperar, semejantes declaraciones, hechas nada menos que en Sevilla, suscitaron una repulsa tan intensa y tan unánime que obligaron a la líder izquierdista a rectificar en el sentido de que, a su parecer, prohibir o cuestionar la celebración de la Semana Santa “sería absurdo con el arraigo que tiene. Es algo impensable”. También afirmó que sus palabras se habían sacado de contexto “para asustar a la ciudadanía con un tema tan delicado”. Y lo significativo es que la repulsa a sus manifestaciones provino indistintamente de la derecha y de la izquierda, y hermanó en la misma opinión, por citar un caso, al alcalde sevillano y a su oposición socialista. Pues bien, ahora, en la misma línea, la izquierda valenciana ha propiciado el acuerdo del Pleno municipal de Meliana, que prohibe a sus concejales asistir institucionalmente a actos religiosos.

Dirigentes políticos de variado -y opuesto- signo, la totalidad de las Hermandades y Cofradías sevillanas, y el propio Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla lamentaron el debate abierto y la politización de algo que, a su juicio, debe quedar al margen de la política. Y no solo lo hicieron por razones estrictamente religiosas, sino, sobre todo, en términos de exigir respeto para una tradición de cinco siglos y un valioso patrimonio cultural, que suponen una celebración religiosa y festiva con un inmenso arraigo popular. Algunos hasta se pronunciaron en clave de promoción turística y beneficio económico. Porque la Semana Santa, en Andalucía y en toda España, trasciende los límites precisos de la religiosidad y de la espiritualidad, y, en relación con los Cristos y las Vírgenes que procesionan, se convierte en una expresión sociocultural y un fenómeno de masas, que superan la fractura entre la derecha y la izquierda, y en los que no están ausentes, hemos de admitirlo, elementos de idolatría, de superstición y de fetichismo. Por ceñirnos a Sevilla, más de trescientos mil sevillanos, casi la mitad de la población, forman parte de alguna Hermandad o Cofradía. Y no todos, y ni siquiera la mayoría, son practicantes e, incluso, creyentes.

Estas circunstancias se repiten en la totalidad de las localidades españolas, incluyendo Canarias. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de los que caminan a Candelaria la víspera del día de la Virgen. Otro dato importante son las nutridas listas de espera para ser costalero en las innumerables procesiones que se celebran. Y no es fácil, ni cómodo ni descansado desempeñar ese trabajo; un trabajo que, por supuesto, no es remunerado y se considera un honor. La secretaria general de los socialistas sevillanos, Verónica Pérez, lo resumió muy acertadamente: “Cuestionar la Semana Santa es no entender Sevilla”. Y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, añadió: “Un gran logro de nuestra democracia es el respeto y otro el sentido común. En la Semana Santa y en todo”. Aunque no somos tan optimistas como la presidenta andaluza en cuanto a que los españoles, con democracia o sin ella, practiquemos mucho el respeto mutuo y tengamos mucho sentido común. Lo demuestra la líder de Podemos cuando plantea la posibilidad de que una manifestación tradicional y popular en la que participan millones de personas en todo el país, y que no perjudica ni hace daño a nadie, pueda ser prohibida.

Pero, ¿podría prohibir la Semana Santa un Podemos hipotéticamente gobernante? Pues no, no podría. Al menos dentro de los límites de la democracia y de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, que incluyen en lugar muy destacado la libertad religiosa. Incluso no podría en el contexto de una reforma constitucional o de aprobación de una nueva Constitución, siempre que fuesen democráticas. Otra cosa muy distinta sería si Podemos instaura un régimen tipo bolivariano, lo que está en la raíz de su -cada vez más oculto y ocultado- ideario político. Por otro lado, la Semana Santa es un asunto que afecta muy directamente a los sentimientos y la identidad de un gran número de gente, y es muy probable que Podemos perdiera un referéndum al respecto o no se atreviera a convocarlo y enfrentarse así a un colectivo tan abundante. Se dice que el secretario de Organización de la Ejecutiva de Pablo Iglesias es costalero. ¿Cuántos militantes o dirigentes más de ese partido se ocultan bajo los pasos que procesionan o los capirotes de las Hermandades y Cofradías?

Tenemos que repetir de nuevo que España no es un Estado laico, sino un Estado aconfesional. Los Estados laicos no mantienen relación alguna con las confesiones religiosas, mientras que España mantiene relaciones con las más representativas o numerosas, con una especial consideración a la Iglesia Católica, que viene obligada por el artículo 16.3 de la Constitución, que la cita expresamente. De modo que el acuerdo del Pleno municipal de Meliana está bajo sospecha de inconstitucionalidad, además de negar derechos y libertades, y atentar contra la democracia.