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Más de 9.000 sin reconocer

Inés Rojas, Jerónimo Saavedra y Alicia Álvarez. | DA
Inés Rojas, Jerónimo Saavedra y Alicia Álvarez. | DA

[sws_grey_box box_size=”100″]Tres protagonistas de un expediente que sigue sin resolverse
Se trata de la anterior consejera autonómica de Asuntos Sociales, Inés Rojas, del diputado del Común, Jerónimo Saavedra, y de la actual directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez. Rojas (CC) tuvo que lidiar con la llegada de un sistema estatal de Dependencia que chocaba directamente con el ya establecido en las Islas al partir de distintos requisitos. Saavedra resultó ser un auténtico látigo para el castigo anterior en este asunto, con durísimas críticas en sus informes. Álvarez (PSOE) se enfrenta ahora a la tarea de poner orden sin que el caso suponga motivo de enfrentamiento con su socio de gobierno.[/sws_grey_box]

El gozo en un pozo. El espectacular aumento de canarios dependientes adscritos al sistema nacional que publicitó el anterior Gobierno de Canarias, que sirvió para que al fin esta comunidad autónoma dejara de ser la última del país en atención a estas personas, no es tal y sólo existe en las estadísticas.

Así se desprende del comunicado remitido ayer a los medios por la nueva directora general de Dependencia y Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo regional, Alicia Álvarez, quien reconoce que esas más de 9.000 personas no están incorporadas realmente Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La primera consecuencia de que estas personas sólo figuren en las estadísticas pero no estén realmente reconocidas como dependientes es que no contarán a la hora del reparto de fondos estatales a tal fin.

El desconcierto del nuevo equipo de la Consejería de Políticas Sociales no termina aquí, ya que en realidad ni siquiera tienen modo de saber si realmente la cifra de más de 9.000 nuevos dependientes es real, por cuanto la atención que reciben en la actualidad no depende de la administración autonómica, sino de las locales. Es decir, se trata de aquellos que reciben algún tipo de ayuda por parte de los cabildos (ajena a las ya incorporadas al sistema de Dependencia oficial) y, fundamentalmente, a los ayuntamientos de todo el Archipiélago.

En resumen: ni esas más de 9.000 personas están reconocidas como dependientes, ni se sabe si es verdad que son más de 9.000, ni qué tipo de asistencia reciben realmente, ya que se teme que se haya incluido a personas que, por ejemplo, cuentan con asistencia domiciliaria municipal, servicio admirable y necesario que, sin embargo, dista mucho de ser el que corresponde a una persona dependiente reconocida como tal por el sistema nacional.

Para salir de semejante embrollo, Álvarez reconoce en el comunicado aludido que ya se han reunido con los responsables del anterior equipo de la Consejería al objeto de esclarecer lo sucedido, además de avanzar en el objetivo esencial: llegar a algún tipo de acuerdo con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) “para ofrecer la forma más adecuada de tratar la información según su situación real”. Aunque el tono del comunicado de la nueva directora general dista mucho de buscar polémica con el equipo anterior para no generar otro frente entre los socios del Gobierno (el anterior equipo era de CC y el nuevo es del PSOE), no deja lugar a dudas sobre lo acaecido: “Tras conocer la incorporación al sistema de la dependencia de más de 9.000 personas atendidas por las instituciones locales -explica Álvarez- nos hemos puesto en contacto con el Imserso con el objeto de dar un tratamiento adecuado a estos datos ya que en puridad, no forman parte del sistema de atención a la dependencia, son personas que atienden los ayuntamientos, pero que no tienen por tanto una resolución del PIA [Programa Individual de Atención] y están fuera del sistema”.

Eso sí, Álvarez tiene claro algo esencial: “Debemos reconocer el hecho diferencial de Canarias y sobre todo la gran labor que desde los municipios y cabildos se realiza para atender a las personas dependientes en las Islas y este esfuerzo por supuesto que puede tener un reflejo en las estadísticas que realiza y publica el Estado, pero con el tratamiento adecuado”.

[sws_grey_box box_size=”100″]SABER MÁS
LEY DE DEPENDENCIA:
Promulgación:
14 / XII / 2006
Nombre real:
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España,
Objetivo:
Crear el actual Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
Dependientes reconocidos:
1.191.406
Asistidos:
Unas 750.000
La principal característica de la aplicación de la llamada Ley de Dependencia en España es la enorme desigualdad interterritorial. Así, mientras que en comunidades como Castilla y León funciona prácticamente a la perfección, en otras como Canarias y Baleares dista mucho que desear según las estadísticas oficiales.

En la actualidad se considera que el sistema se encuentra desbordado dado que desde hace años la capacidad de atención se mantiene en unos 750.000 usuarios. Se calcula que unas 100.000 personas han fallecido en las listas de espera.[/sws_grey_box]