política

PP y Podemos se quedan solos en la defensa del alquiler vacacional

En primer plano, los diputados del PP y de Podemos. | SERGIO MÉNDEZ
En primer plano, los diputados del PP y de Podemos. | SERGIO MÉNDEZ

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó la propuesta de CC y PSOE para que el Gobierno paralice las sanciones y la aplicación del decreto que regula el alquiler vacacional hasta que elabore uno nuevo negociado. Sin embargo, el objetivo de estos grupos es que no se promueva más oferta de ese modelo de alojamiento. Se trata de “traer a la legalidad la oferta preexistente, pero no queremos promover una mayor oferta de este modelo”, aclaró José Miguel Ruano. El portavoz de CC explicó que el propósito debe ser legalizar las situaciones de los apartamentos vacacionales preexistentes, que estaban en situación alegal antes del decreto y que en muchos casos ilegalizó por estar en zonas turísticas, pero advirtió de que hay que garantizar la calidad de la oferta. “No hay que menoscabar el tejido socioeconómico, pero hay que ser sensible con el alquiler turístico”, dijo la socialista Rosa Bella Cabrera.

La iniciativa de CC y PSOE contó con el apoyo de NC y ASG, mientras que el PP y Podemos se abstuvieron al no ser apoyadas las enmiendas respectivas que habían presentado. La regulación del alquiler vacacional fue decretada dos días antes de las elecciones por el anterior Gobierno de Canarias, también formado por CC y PSOE, pero estos partidos reconocen ahora que no fue una normativa acertada, por lo que quieren que el nuevo Ejecutivo paralice su aplicación y su régimen sancionador y vuelva a negociar con todas las partes. El decreto ha sido impugnado por la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, que considera que favorece exclusivamente los intereses de los hoteleros e ilegaliza el 90% de la oferta de apartamentos. También ha suscitado el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, por dejar a los hoteles como “únicos alojamientos autorizados”. La diputada del PP Astrid Pérez advirtió de que la paralización sin más del decreto, no solo del régimen sancionador, dejará en una situación de inseguridad jurídica grave a los 50.000 propietarios de tales viviendas.

Asunción Delgado, de Podemos, defendió una propuesta que pedía que se suprimiera la restricción de que haya alquiler vacacional en zonas turísticas.