En el último artículo dominical apuntaba un breve diagnóstico sobre la situación de las aguas residuales que se vierten en la costa de Tenerife, uno de los temas que está adquiriendo mayor interés por parte de una ciudadanía siempre preocupada por mantener en buen estado nuestro el litoral, identificado por todos como la zona de esparcimiento y disfrute por excelencia. Este verano los medios de comunicación han logrado dar cumplida información, primero sobre la caótica situación de los vertidos en la Hondura, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, y, más tarde, se lanzaron a extender la mancha mediática e informaron sobre el estado de los vertidos en la isla. La situación que comienza a conocerse es realmente preocupante. Según datos de 2007 se trata de más de 56.000 metros cúbicos de aguas sin depurar vertidas diariamente a lo largo de la costa insular (más del 90% del total de las aguas residuales que se vierten), con unos puntos especialmente preocupantes porque mucho de estos vertidos se producen en las zonas de baño o en puntos que atesoran una rica biodiversidad (fundamentalmente en las zonas de especial conservación). Por eso es preciso reaccionar, transmitiendo a todas las instituciones públicas la necesidad de efectuar un giro de 180 grados y abandonar el desinterés que ha imperado hasta ahora en materia de aguas residuales. Por el momento los únicos que han tomado la iniciativa y han decidido abordar esta problemática con urgencia han sido los consejeros de Podemos en el Cabildo Tenerife, que ya el pasado lunes convocaron a los concejales de las coaliciones progresistas de ámbito municipal y a los representantes municipales de Sí se puede con el objetivo de coordinar acciones que propicien este deseado cambio institucional. No podemos olvidar que para evitar las sanciones que amenaza con imponer la UE, a raíz de las denuncias formuladas por ATAN y Ben Magec, el Estado está obligado a cofinanciar en un porcentaje significativo las obras de infraestructura (depuradoras y emisarios submarinos) que resulten necesarias para cumplir con las directivas comunitarias. Por eso tenemos que hacerles ver al Cabildo y al Gobierno de Canarias la oportunidad que nos brinda esta especial coyuntura para resolver uno de los problemas ambientales más importantes que tiene nuestra isla. En este sentido, resulta llamativo que el Cabildo anuncie recientemente una partida de 100 millones de euros para regenerar las playas de nuestra isla y no avance en un compromiso financiero potente en materia de aguas residuales. Pareciera que se pretende continuar la vieja política de destinar todo el dinero a la cosmética y no a la salud de nuestras zonas de baño. Desde mi punto de vista es necesario priorizar las inversiones del Estado y las complementarias que podamos obtener de las instituciones canarias en aquellos puntos del litoral más sensibles. En primer lugar debería atajarse el grave problema que suponen los vertidos para las zonas de baño pero también es urgente intervenir en aquellos puntos donde estos vertidos estén dañando las zonas de especial protección marina, principalmente en el sur y en el oeste de la isla.