La izquierda valenciana ha propiciado el acuerdo del Pleno municipal de Meliana que prohíbe a sus concejales asistir institucionalmente a actos religiosos (queriendo decir a actos católicos). En la misma línea, hace varios meses, la secretaria general de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez, sucumbió a la querencia anticlerical de cierta izquierda española. En una entrevista periodística manifestó que en su formación política todo lo deciden los ciudadanos, y que si se llegase a plantear la prohibición de la Semana Santa, serían ellos los que decidirían.

Sobre estos hechos, y otros similares que se están produciendo en Cádiz y otros municipios, tenemos que repetir una vez más que España no es un Estado laico, sino un Estado aconfesional. Los Estados laicos, como son Francia o México, no mantienen relación alguna con las confesiones religiosas, mientras que España mantiene relaciones con las más representativas o numerosas, con una especial consideración a la Iglesia Católica. Esta especial consideración viene obligada por el artículo 16.3 de la Constitución, que establece: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. La católica, en consecuencia, es la única religión citada expresamente en la Constitución, y el Estado mantiene relaciones con ella, que se rigen por unos convenios específicos firmados en 1976 y 1979. De modo que el acuerdo del Pleno municipal de Meliana está bajo sospecha de inconstitucionalidad, además de negar derechos y libertades, y atentar contra la democracia. Porque es evidente que una forma de que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantengan las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica es asistir a sus actos, como hacen miles de autoridades en toda España continuamente.

La cuestión religiosa no parece ser una dimensión relevante en la competencia política y electoral española si nos atenemos a los programas y a las declaraciones habituales de nuestros políticos y nuestros partidos. Sin embargo, siempre está presente en un segundo plano, que se hace patente en toda circunstancia. Un ejemplo fue la repatriación de dos religiosos españoles, uno de ellos infectado con el virus del ébola. El problema es que, por un lado, un sector de nuestra izquierda está anclado en un anticlericalismo visceral y antidemocrático, y, por otro, el Partido Popular se encuentra aquejado del eterno complejo de la derecha española ante toda crítica que provenga de su izquierda, en particular ante cualquier acusación de clericalismo. Es el eterno complejo clerical de la derecha española.

¿Qué sentido tiene el anticlericalismo de unos y el complejo clerical de otros si tenemos en cuenta la dimensión social de la religión católica en España, que vacía de contenido los debates al respecto? En las semanas veraniegas anteriores hemos tenido ejemplo suficientes, que, por otra parte, no faltan durante todo el año en la totalidad del país, Semana Santa incluida. Por referirnos a las Islas, basta reparar en nuestras romerías populares, siempre en honor de un santo o de una Virgen, con su correspondiente párroco; en las multitudes que acuden a las bajadas y subidas de las diferentes Vírgenes canarias; y en las miles de personas que congrega una festividad como la del día de mañana, el Cristo de La Laguna. ¿Qué decir de los Cristos de Tacoronte o de Telde? Y no digamos de las Vírgenes de Candelaria, del Pino, del Socorro, de las Nieves y las demás, cuyas fiestas constituyen auténticos acontecimientos sociales de masas. A todas esas festividades y procesiones acuden nuestros políticos y nuestras autoridades, a veces con altas representaciones del Estado, sin distinción de partidos e ideologías, poniendo de manifiesto, si no una religiosidad personal, al menos una participación activa y pública en un fenómeno básicamente religioso católico, y cuyo componente religioso católico es fundamental. Y eso sin considerar que la mayoría de nuestros días festivos civiles son días festivos religiosos católicos, como la Navidad, el Día de Reyes o la Inmaculada.

Por si faltaran ejemplos, la alcaldesa de Güímar acaba de recordar que hace dos años elevó al Obispado, con el apoyo del Cabildo, una memoria de solicitud de declaración de la Virgen del Socorro como copatrona de la Isla, petición que no ha sido atendida. La romería en honor de esta Virgen es considerada, de hecho, la romería más antigua y más auténtica de todo el Archipiélago.

¿Cuántos de los participantes en estas manifestaciones superarían un examen de teología católica elemental? No olvidemos que la inmensa mayoría de los niños que celebran su primera comunión no vuelven a comulgar ni a ir a misa en toda su vida. Ritos sociales de iniciación se suelen denominar. Estas dos caras de la moneda son verdad y con ellas tenemos que contar. Y entonces volvemos al principio. Si las cosas son así, ¿qué sentido tiene el anticlericalismo de unos y el complejo clerical de otros? ¿Qué sentido tiene pretender ocultar los componentes católicos de nuestra cultura popular? Ninguno, pero España es un país de sinsentidos.