Este viernes se conocerán las conclusiones del juicio del caso Varadero, iniciado el lunes en la sala cinco del Palacio de Justicia y que durante dos días, y por un período superior a las quince horas, ha acumulado las declaraciones de los siete acusados por prevaricación administrativa y hasta 19 testigos. Posteriormente, la jueza Beatriz Méndez Concepción, dictará sentencia.
Sin querer adelantar acontecimientos, la segunda sesión del juicio celebrada el martes resultó clarificadora para los intereses que defienden el Ministerio Fiscal y la acusación particular, pues las declaraciones de muchos de los testigos, sobre todo los técnicos, desmontaron la defensa de los acusados, en especial la del exalcalde, Macario Benítez Gil, e incluso la de la concejala de Urbanismo, Ana Lupe Mora, quienes se enfrentan, a diez años de inhabilitación para ostentar cargo público, que le pide la acusación particular, dos menos el fiscal Rafael Ruiz Ibáñez. Las mismas penas que se solicitan para la secretaria municipal, María Anita Alonso, quien sería, de ser condenada, la más perjudicada de todas, al no poder ejercer más como funcionaria pública. La declaración final de la que fuera arquitecta municipal, Ángeles Brito del 2000 a 2003, manifestando que una veintena reparos que le puso al Plan Parcial del Varadero fueron entregados a la secretaria, la máxima autoridad jurídica del Consistorio y la que tenía que velar por la legalidad.
Los otros cuatro concejales que se han sentado en el banquillo de los acusados solo por la acusación particular que lleva Pedro Fernández Arcila (Abel Acosta, Andrés Hernández, Laurentino Quintana y Elba Delgado) podrían quedar absueltos, porque se ha demostrado que tenían escasa relevancia en las actuaciones llevadas en el expediente del Plan Parcial del Varadero, porque si votaron a favor del mismo en el pleno municipal del 27 de junio de 2004, también lo hicieron los cinco restantes concejales socialistas de aquel grupo de gobierno, que en este caso han sido citados al Juzgado como testigos, algunos de ellos tan despistados como el que fuera edil de Medio Ambiente, Esteban Acosta, que llegó a manifestar que “yo estaba en otro mundo”, cuando Varadero ya estaba protegido desde el 20 de octubre de 2002 por el PIOT con protección medioambiental de ladera.